En el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría se ha congratulado por la decisión del Parlamento Europeo de pedir la suspensión de ventajas arancelarias (los impuestos a la importación) a Argentina, como medida de apoyo contra la expropiación de Repsol.
“Bienvenido sea. Seguiremos buscando apoyo en todos los foros porque es nuestra obligación defender los intereses de los españoles”, ha asegurado. La vicepresidenta ha anunciado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, firma la entrada en vigor de la orden ministerial del biodiésel para reforzar la competitividad del carburante español. Esa orden persigue favorecer el biodiesel de plantas que tengan “ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario”, publicada previsiblemente mañana, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es una de las primeras respuestas del Gobierno a la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno argentino.
El Gobierno ya anunció que como primera medida de castigo a Argentina por la expropiación, priorizaría a los proveedores europeos de biodiesel para poner coto a las importaciones argentinas. Esas importaciones, en los últimos años han pasado de suponer 90 millones de euros, a representan cerca de 800 millones en el último año, 719.473 toneladas.
Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el consumo de biodiésel de 2011 fue de 1,6 millones de toneladas, de modo que las importaciones procedentes de Argentina tienen un peso cercano a la mitad.
El sector del biodiésel ha pedido en reiteradas ocasiones la aprobación de una norma de protección de la producción nacional que permita a las plantas españolas de procesamiento volver a la actividad. El actual sistema arancelario argentino hace que el biodiésel importado resulte más barato que la soja, que es la materia prima con el que se produce el biocarburante.