Lunes 05/11/2018.

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ingresarán 1.000 millones

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Hacienda prevé una subida masiva de tasas municipales por la Reforma Local

  • El Ministerio de Hacienda confía en que la puesta en marcha de la nueva ley desencadene una subida media del 7% en las tasas que cobran los ayuntamientos españoles.
  • El Gobierno avanza a Bruselas que las entidades locales ingresarán 1.000 millones de euros más en impuestos y tasas en 2014, tras la entrada en vigor de la reforma.


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"Con carácter general las entidades locales establecerán tasas o precios públicos por la prestación de servicios de competencia local". El primer borrador de la Reforma Local (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según su enunciado oficial) que circuló el Gobierno incluía como novedad una polémica disposición que obligaba a los ayuntamientos a fijar tasas para financiar la prestación de servicios municipales como la recogida de basuras, el tratamiento de aguas, etcétera.

La presión de los representantes municipales que consideraron invadidas sus competencias hizo que la controvertida disposición desapareciera del proyecto definitivo que el Gobierno llevó a las Cortes, pero ese paso atrás no ha variado en absluto la opinión del Ministerio de Hacienda: a los ayuntamientos no les va a quedar otro remedio que subir o establecer tasas para financiar los servicios que prestan.

Y así se lo ha hecho saber el departamento que dirige Cristóbal Montoroa las autoridades europeas. En la información avanzada sobre los presupuestos de 2014 remitida por el Ministerio de Hacienda a Bruselas, en el marco del two-pack, el nuevo mecanismo de supervisión previa impuesto por Europa para detectar con antelación posibles desequilbrios en las cuentas públicas de los países de la UE, el Ejecutivo español augura un fuerte incremento de 538,6 millones de euros en los ingresos por tasas de las entidades locales.

Se trata de un impulso recaudatorio sin precedentes que supondría un incremento medio del 7% en los ingresos por este concepto, que en 2011 -último ejercicio para el que existen datos disponibles- fueron de 7.665 millones de euros.

Las tasas y precios públicos que cobran los ayuntamientos por la prestación de determinados servicios municipales o la realización de determinados trámites son una importante fuente de financiación para las entidades locales y en 2011, por ejemplo, generaron el 17% de los ingresos municipales brutos.

Un ayuntamiento de gran tamaño como el de la ciudad de Madrid, por ejemplo, puede llegar a cobrar hasta medio centenar de tasas y precios públicos a sus ciudadanos.

Lo hace para financiar la prestación de servicios esenciales, como la recogida de basuras; como compensación por la explotación de espacios públicos para la colocación de terrazas, antenas de telefonía, establecimiento de vallas publicitarias o apertura de surtidores de gasolina en núcleos urbanos; para cubrir el coste de tramitación de licencias urbanísticas o de expedición de certificados; o por utilizar instalaciones de titularidad municipal como polideportivos o el Faro de Moncloa.

Nada es gratis

Pese a lo que pueda parecer, la implantación de tasas por parte de los ayuntamientos españoles ha sido muy limitada y supone una excepción respecto al estándar europeo, donde éstas representan cerca de un 40% de los ingresos de los poderes locales (17% en España).

Los propios munícipes españoles admiten su resistencia a establecer este tipo de figuras y cuando lo hacen, muy rara vez financiar el coste total del servicio sino únicamente una pequeña parte.

Aún se recuerda, en este sentido, la polémica que desató la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando se mostró partidaria de restringir la frecuencia de la recogida de basuras en la ciudad de Madrid porque la tasa municipal de recogida "no cubría el coste del servicio".

¿Por qué está tan convencido el Gobierno de que los ayuntamientos subirán masivamente las tasas en 2014?

Agobiados por la caída de los ingresos, los ayuntamientos llevan ya cierto camino recorrido en la instauración de tasas por servicios que antes de la crisis no se cobraban o en la subida de las ya insistentes, pero nunca con un impacto como el que se descuenta para el año que viene.

La respuesta hay que buscarla en la amenaza implícita en la ley sobre los ayuntamientos que no sean capaces de financiar los servicios obligatorios que la futura reforma local (que se espera que entre en vigor el próximo 1 de enero) les obliga a prestar.

La reforma del Gobierno es muy clara al respecto. Si un ayuntamiento no consigue prestar los servicios obligatorios en condiciones de suficiencia financiera, es decir, garantizando su equilibrio presupuestario, perderá esas competencias que serán traspasadas a una entidad superior: diputación provincial o comunidad autónoma.

Hasta ahora, muchos ayuntamientos se han resistido a implantar tasas específicas para financiar, por ejemplo, el servicio de recogida de basuras para evitar asumir el coste político de la medida. Incluso han preferido incurrir en déficit presupuestarios a implantar una tasa.

A partir del próximo 1 de enero lo que estará en juego, especialmente en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (los que más se han resistido a utilizar esta figura tributaria), será la misma supervivencia de los ayuntamientos, lo que a juicio del Ministerio de Hacienda les llevará a hacer un uso más intensivo de esta figura.

Mil millones más en nuevos impuestos

Aún suponiendo una subida sin precedentes, la de la tasas no será la única maniobra que el Gobierno espera que realicen los ayuntamientos en 2014 para mejorar sus márgenes financieros.

Para mejorarlos, sí, porque desde el año 2012 las entidades municipales en su conjunto presentar superávit presupuestario.

El Gobierno espera que el año que viene las entidades locales obtengan 1.099 millones de euros más en ingresos.

¿Cómo? Más de la mitad provendrán del tasazo ya mencionado. Otros 300 millones de euros de la implantación de impuestos sobre hechos imponibles que no se gravan en la actualidad, 200 millones más de la supresión de deducciones y exenciones en determinados impuestos y algo más de 60 millones por la mejora en la eficacia de la lucha contra el fraude.


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