El fraude fiscal en Europa se sitúa en el 15%, una media agrandada por los países de Europa del Este y del Mediterráneo, que elevan un porcentaje sobre el PIB que en países como Luxemburgo no llega al 3%, en Austria avanza hasta el 8,5%, en Holanda hasta el 12,7% y en Alemania se sitúa en torno al 17% de su PIB. En España se encuentra cerca del 25%, una cifra muy por encima de la media que nos hace estar cerca de países como Portugal (25,8%), Italia (24,9%) o Grecia (29,6%), según datos extraídos del informe ‘El Tax-Gap’ en España’, elaborado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma, Santos Ruesga.
Estas diferencias pueden deberse a dos cuestiones, por un lado la cultura cívica o democrática que pueda haber en cada país respecto a la interiorización de la necesidad de contribuir con el Estado mediante el pago de los impuestos y por otro, la coerción legal en forma de persecución y sanción del delito fiscal, sobre todo en cuanto a la percepción que el ciudadano tenga de estas medidas coercitivas. “Según las recomendaciones de la OCDE, la disuasión es una de las herramientas más eficaces a la hora de luchar contra el fraude, es decir, el riesgo de descubrimiento y sanción”, explica María Goenaga, consultora independiente en educación y sociología fiscal y autora del estudio ‘Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España’, publicado por la Fundación Alternativas.
Para Goenaga, la moral tributaria en España es baja a pesar de que una mayoría de españoles sea consciente de que el fraude tiene consecuencias negativas y por tanto no lo justifique. Aunque esto se asume de una forma teórica, en la práctica, la gente tiene la percepción de que el fraude está extendido y de que hay una falta de conciencia cívica. “En otros países del centro de Europa y en los países anglosajones, el pago de los impuestos está asumido como una obligación democrática. En España, en la reforma fiscal del 77, que inició el desarrollo del estado de bienestar, los niveles de presión fiscal fueron creciendo sin que los españoles tuvieran una percepción de presión fiscal excesiva porque recibían servicios públicos y prestaciones a cambio. Con los años se ha visto que los ciudadanos tienen una percepción utilitarista de la fiscalidad y que pagan impuestos porque perciben que reciben servicios a cambio”, explica Goenaga.
Para la investigadora, el problema en España es que hay una ilusión de gratuidad en los servicios y esto es porque no se conoce su coste, hay muy poca trasparencia en cuanto a los servicios que se prestan. “En España no sabemos cuánto cuesta una operación de apendicitis o un puesto escolar o un tramo de carretera y esto no es banal, es muy importante para asumir si la presión fiscal es o no excesiva”, asegura. En países más desarrollados en la lucha contra el fraude como Australia, funciona muy bien la comunicación sobre los planes y medidas del organismo recaudador. “Una de las recomendaciones que yo doy en mi informe es que la Administración Tributaria debe mejorar la comunicación institucional y ser más transparente para que los ciudadanos sepan qué labores se están llevando a cabo en la lucha contra el fraude y cuántas sanciones hay, para que no exista esa sensación de impunidad entre los defraudadores”, explica la consultora.
En todos los países europeos existe la corrupción y existe el fraude, la diferencia está en cómo se percibe socialmente esta corrupción y cómo se actúa contra ella. “Hace pocos días conocíamos que la ministra inglesa de Cultura dimitió por un fraude de algo menos de 7.000 euros, me pregunto cuántas personas en España estarían dispuestas a dimitir por esta cantidad. En Alemania ha habido cargos públicos que han dimitido por plagiar una parte de su tesis doctoral. Mientras en el norte y centro de Europa se transmite la sensación de que las infracciones se castigan, aquí parece que nunca pasa nada”, explica el profesor de Economía de la Universidad Rovira y Virgili, Jordi Costa.
Estas conductas públicas son las que muchas veces se acaban transmitiendo a todos los estratos de la sociedad y así, en países como Alemania, el fraude no está bien visto a nivel social. “Aquí es justo al revés, si sabemos que nuestro vecino no paga el IVA, casi le aplaudimos”, advierte Costa, autor del informe ‘El avance del fraude en España durante la crisis’. Un ejemplo de esto es el reciente caso del presidente del Bayern de Munich, Ulli Hoeness, condenado a tres años de cárcel por fraude fiscal y que ha renunciado a recurrir la sentencia, asumiendo la condena y tratando así de rehabilitarse socialmente.
Sin embargo, las diferencias con Alemania no son sólo culturales o morales. Con motivo de la discusión sobre la Ley contra el fraude fiscal aprobada en 2012 se pusieron de manifiesto algunas desigualdades en materia de medios que dejaban a España a la cola de Europa. En concreto, en aquella ocasión se dijo que España gastaba cinco veces menos que Alemania en la lucha contra el fraude – 6.973 millones frente a 1.405 millones – si bien se aportaban datos de 2009. Respecto al porcentaje sobre el PIB, España dedicaba el 0,13% a la lucha contra el fraude, mientras que Alemania empleaba el 0,29% del suyo y Francia el 0,39%. Incluso Italia, que presenta cifras de fraude similares a España destina el 0,24% de su PIB.
Con todo, la tasa de retorno de nuestros inspectores es de 7 euros por euro invertido, por lo que sigue siendo alta, lo que muestra que el trabajo de los técnicos de Hacienda es eficaz en la lucha contra el fraude y toda inversión en personal es positiva. De hecho, el gasto en personal es el único gasto trascendente que puede realizar el Gobierno en la lucha contra el fraude, puesto que se trata de un delito que no necesita de grandes medios técnicos para ser perseguido. En 2009, el ratio de ciudadanos por cada empleado en la Agencia Tributaria era en Francia de 860, en Alemania de 729, en Reino Unido de 862, en Países Bajos de 697 y en España de 1.928. Según los últimos datos, España es el tercer país de la UE con peor ratio de técnicos tributarios por cada millón de habitantes, sólo por delante de Italia y Estonia y con cuatro veces menos que Luxemburgo o Hungría. En la media, con un ratio de mil funcionarios por cada millón de habitantes se sitúan Reino Unido y Suecia. Francia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos o Alemania superan con creces este ratio mientras que Bélgica, Portugal, Finlandia, Grecia o las mencionadas Italia y España se quedan en poco más de la mitad.
Según el último dato contabilizado en diciembre de 2013, España cuenta con 26.813 trabajadores en administraciones tributarias, aproximadamente la mitad de los que deberíamos tener en función de la población y habiendo perdido más de mil trabajadores en los últimos cuatro años. Con un PIB que supera el billón de euros, España tiene en la actualidad el mismo número de trabajadores tributarios que en 1992, cuando nuestro PIB no llegaba a la mitad. De hecho, una de las cosas de las que se ha dado cuenta este Gobierno y ha tenido que rectificar es la tasa de reposición de las bajas en la Agencia Tributaria. “Se ha dado cuenta que si mantiene la tasa de reposición del 10%, cada vez habría menos recursos para luchar contra el fraude”, explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Carencias españolas
El sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, participa cada año en un programa de intercambio entre empleados de Hacienda de distintos países, promovido por la Unión Europea. Gracias a la experiencia de estos encuentros, el sindicato ha detectado cuatro carencias de España en su lucha contra el fraude que sin embargo otros países de nuestro entorno con menor tasa de fraude sí emplean entre sus principales medidas de control.
En primer lugar, España no elabora estudios oficiales de economía sumergida, por lo que no existe un dato oficial a este respecto ni podemos identificar qué impuestos, qué sectores productivos y en qué zonas geográficas se defrauda más. Países como Alemania, realizan informes oficiales de economía sumergida.
En otros países, como Francia y Austria, los Parlamentos establecen un objetivo para reducir la tasa de economía sumergida mientras que en España es la propia Agencia Tributaria la que se pone su propio objetivo, que según Gestha podría ser menos ambicioso de lo que le marcaría un tercero. Hace unas semanas se supo que la Agencia Tributaria había recaudado 10.950 millones de euros en materia de prevención y lucha contra el fraude, un 4,9% menos que el año anterior, pese a que el grado de cumplimiento superó las expectativas al recaudarse más de 1.800 millones de euros por encima de lo previsto. “Por primera vez en 2013 el resultado del año es peor que el del año anterior, siendo esta la primera vez que se rompe la tendencia positiva del control antifraude”, explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
En tercer lugar, en muchos de los países de nuestro entorno, los empleados de la administración tributaria tienen las manos libres en la lucha contra la evasión, sometidos por supuesto a los pertinentes controles de calidad y legalidad. En España, por el contrario, las comprobaciones están limitadas, de modo que el 80% del personal se dedica a la comprobación de autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas, mientras que el 20% de la plantilla se dedica a la comprobación de las grandes empresas y las grandes fortunas. Ocurre que, según datos de Gestha, el 72% del fraude fiscal se encuentran en estas grandes empresas y grandes fortunas en cuyo control se emplea sólo el 20% de los recursos. Reino Unido y Dinamarca serían ejemplos de países donde el personal tributario tiene las manos libres en la lucha contra la evasión.
Por último, en otros países de nuestro entorno se comparten las bases de datos que contengan información con trascendencia tributaria. Ocurre, por ejemplo, en Francia y Alemania, mientras que en España sólo a partir de 2011 organismos tan interconectados como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo empezaron a compartir datos. “Imagine lo lejos que estamos de compartir información entre administraciones autonómicas o locales”, explica el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda.
La frontera del delito
A nivel europeo, la barrera del delito contra la Hacienda de las instituciones europeas está situada en 50.000 euros, mientras que en España son 120.000 euros. “El año pasado se modificó el delito contra la Seguridad Social bajando de 120.000 a 50.000 euros para equipararse con la tendencia europea, pero el delito fiscal no se ha tocado”, afirma el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda.
En Alemania, por ejemplo, no existen límites específicos en su regulación, midiéndose el delito por el grado de culpabilidad del defraudador y no por el importe de la cuota defraudada, aunque sí emplea los 50.000 euros como barrera orientativa y una cantidad de 500.000 euros para determinar – también de forma orientativa – delitos a gran escala, que en España estarían fijados, desde la última reforma, a partir de los 600.000 euros. En Francia, sin embargo, el delito está fijado, al igual que España, en 120.000 euros. Otro aspecto regulable que varía en función del país es el plazo de prescripción del delito. En España, este se elevó a diez años, el mismo que tiene Alemania. En Italia se fijó en ocho aunque puede extenderse hasta diez en determinadas circunstancias, mientras que en Bélgica es de cinco años y en Francia de tres.