Ha sido casi la crónica de un ‘fracaso’ anunciado. La amnistía fiscal del Gobierno fue desde el principio, una decisión controvertida, con coste político, y críticas de muy diversos sectores. Por un lado, desde un punto de vista ético, se descalificó, por injusto, el hecho que los evasores pudieran regularizar sus rentas pagando únicamente un 10% del monto declarado. Por otro, muchos dudaron de la capacidad de recaudar esos 2.500 millones que Hacienda se fijó como objetivo de recaudación. Al final, han sido 1.191 millones recaudados, menos de la mitad, de 31.484 declaraciones presentadas.
A partir de ahora, no habrá más amnistías, y Hacienda ha prometido ser implacable. Hace además, unas semanas que han entrado en vigor las nuevas medidas para luchar contra el fraude fiscal:
–Imposibilidad de pagar en efectivo las transacciones de más de 2.500 euros cuando interviene, al menos, una empresa.
-Obligación de declarar propiedades, cuentas y acciones en el extranjero de más de 50.000 euros.
–Eliminación del régimen de módulos para los profesionales que ingresen más de 50.000 euros y más de la mitad de sus clientes sean empresas.
Todo para luchar contra una realidad: la caída de ingresos de las arcas públicos. Un fenómeno que comenzó antes de la crisis de la deuda, y no ha hecho más que empeorar.
“Desde 2007 ha caído estrepitosamente la recaudación tributaria por el Impuesto de Sociedades y también por el IVA. La bajada no se correspondía con la caída de la economía. Entre 2007 y 2009 los ingresos cayeron en 70.000 millones”, asegura Carlos Cruzado, Presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), que ya anticipo la escasa efectividad de la amnistía.
Al igual que el think tank, Fedea, coincide en que el verdadero problema de España no es el gasto, sino la recaudación. Los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, hablan desde hace meses de la necesidad de realizar una gran reforma fiscal en España.
GESTHA y Fedea coinciden en el diagnóstico sobre el problema, pero no en la receta de la medicina a aplicar. Sin embargo, ambos sostienen que se puede aumentar la recaudación, sin dañar el crecimiento.
Según Carlos Cruzado, “más del 71% del fraude fiscal proviene de las grandes empresas y los patrimonios”. Las soluciones de Gestha, que permitirían recaudar 63.800 millones más, pasan por:
-Subir el impuesto de Sociedades, al 35%, aplicable a bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios, frente al 30% actual. Afectaría, según Gestha a las 5.740 mayores empresas del país. Según los técnicos del ministerio de Hacienda, se permitiría recaudar hasta 13.943 millones.
-La creación de un Impuesto sobre la riqueza que “cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) parcialmente recuperado” y con el que, según calcula Gestha, se podrían recaudar hasta 3.400 millones.
-Aplicar el Impuesto sobre las transacciones financieras. Es la conocida como “tasa Tobin”. Diez países europeos, entre ellos España, la aprobaron a finales de octubre. Son Austria, Bélgica, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Alemania. Ha comenzado el proceso para su entrada en vigor, ahora debe ser estudiado y ratificado por una mayoría cualificada por los 27 socios de la UE. Según la Comisión Europea podría aportar 5.000 millones de euros.
–Aumentar los efectivos de Hacienda destinados a la lucha contra el fraude, y sobre todo, ampliar sus competencias a la investigación. “Hay un efectivo de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a la media de los países de la OCDE, que es de un efectivo por cada 900 contribuyentes “, señala Cruzado, que asegura que “más del 80% de los efectivos de Hacienda se dedican a la comprobación de contribuyentes ya controlados. Únicamente el 20% se dedica a investigación”. Eso, incluso después de haber anunciado la creación de una unidad dedicada a la investigación del fraude de las multinacionales.
En Fedea creen que la presión fiscal no será suficiente para solucionar los problemas, y apuestan por una reforma que contemple un “cambio de mentalidad”. Juan Rubio-Ramírez, de la Universidad de Duke, Michele Boldrin y José Ignacio Conde-Ruiz, sostienen que se debe, y es posible, incrementar ingresos sin dañar el crecimiento, basándose, principalmente en la eliminación de deducciones. Estas son algunas de las propuestas que defienden en su blog, »Nada es gratis» :
– Suprimir las deducciones del IRPF sobre las aportaciones a los planes de pensiones.
-Suprimir con retroactividad las deducciones por adquisición de vivienda.
-Suprimir las deducciones de las indemnizaciones por despido.
-Suprimir las deducciones por donativos.
Además, apuntan a un camino opuesto al defendido por los técnicos de Hacienda. Para Fedea, la rebaja del tipo máximo de IRPF, del 52% al 40%, restaría 1.000 millones a las arcas del Estado, pero a la larga, atraería riqueza a España. La de ejecutivos y fortunas.
Vías distintas para un mismo problema, en torno del cual, el único consenso es que es necesario tomar medidas.