Domingo 19/11/2017.

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Unos 15 representantes vecinales reúnen 8.000 euros para personarse en el caso de modificaciones del PGOU de Valladolid

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid se han personado en el procedimiento penal de las modificaciones irregulares en varios artículos del Plan General de Ordenación Urbana de la capital, después de que varios miembros de las comisiones directivas y ejecutivas hayan aportado las cantidades necesarias hasta reunir los 8.000 euros de fianza que solicitaba el juez.
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Según ha explicado el presidente de la Federación, Pablo Gerbolés, los vecinos no tienen por objeto "ir contra un partido político o un representante" y que, por ello, considera que si alguien habla de que se trata de una acción política "está mintiendo". En cambio, pretenden actuar "en defensa del Ayuntamiento" para que se aclare las causas por las que se ha dado pie a "esta barbarie", como ha calificado el caso.

El representante vecinal ha señalado que se volvieron a plantear la posibilidad de la personación en su Junta Directiva del mes de marzo después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) del mes de febrero de 2011, que anuló las modificaciones de errores en el PGOU y remitió al Juzgado de Instrucción 1 encargado del caso "indicios claros de manipulación".

No obstante, en ese momento se concluyó que la fianza de 8.000 euros que reclama el Juzgado para la personación en el caso era "desproporcionada" y no se podía asumir. En este sentido, han recordado, "con extrañeza", que al Partido Popular se le fijó una fianza de 1.500 euros para personarse en el caso Gürtel y Gerbolés ha reflexionado que no ve sentido a tan elevada cifra "si se tiene en cuenta que el objeto de la fianza es prevenir daños en la instrucción, que ya está prácticamente completada".

Pese a todo, según Pablo Gerbolés, han sido los propios representantes de las Asociaciones de Vecinos de Valladolid quienes han prestado la fianza requerida con una contribución media de en torno a 500 euros, por lo que han sido unos 12 ó 15 los miembros que han aportado fondos. El dirigente de la Federación ha subrayado el hecho de que hayan puesto parte de su patrimonio "cuando el Ayuntamiento no ha hecho nada".

Así, ha recordado que el Equipo de Gobierno "ni investiga internamente lo ocurrido, ni parece tener intención de personarse en el procedimiento", tal y como explicó en el Pleno municipal de este miércoles el portavoz 'popular', Jesús Enríquez. "Lamentablemente una vez más, deberán ser los vecinos los que tomen las riendas de la defensa de la legalidad en la ciudad", ha apostillado.

Por el momento, la Federación utiliza la figura de "acción popular" para personarse, a la espera de que el Juez de Instrucción decida sobre la vertiente penal del caso. En ese momento, Gerbolés ha apuntado que probablemente se constituyan en acusación.

El presidente ha señalado que la situación es "la más grave" que ha sufrido el urbanismo de Valladolid pues se trata de una violación de "la norma más importante en la materia", lo que supone una "grave lesión al propio funcionamiento democrático", pues lo votado por los concejales elegidos por los vecinos no se aplicó finalmente.

PERJUICIOS ECONÓMICOS

Además, ha recordado los "perjuicios" que está causando la situación pues, en primer lugar determinados constructores ya han reclamado indemnizaciones por las consecuencias que tuvo para ellos la corrección de errores llevada a cabo en 2009 por el Ayuntamiento. Además, ha añadido que se ha adjudicado a una empresa la revisión del Plan, lo que supondrá "un millón de euros" a las arcas municipales.

El dirigente vecinal ha reivindicado que fue la Federación la que, en su recurso general contra el PGOU, detectó las primeras alteraciones de artículos que derivaron en su anulación. En concreto, en el recurso contencioso-administrativo 1588 de 2004 interpuesto por la Federación Vecinal se anulan los artículos 66.1, 346 y 423.2.a)l), únicos artículos que se pusieron como ejemplo de discrepancia entre el texto aprobado y el finalmente publicado como un elemento más de un recurso dirigido a impugnar la totalidad del Plan General.

En definitiva, Gerbolés ha concluido que el cometido de la Federación es la "acción política" para cambiar el entorno en el que viven los vallisoletanos. "Simple y llanamente queremos hacer frente a una situación vergonzosa y retomar la confianza en la Administración municipal", ha añadido.

Cabe recordar que actualmente el proceso se encuentra en fase de investigación penal de un caso que, en su vía administrativa, conllevó la anulación por parte del TSJCyL de la corrección como errores puntuales de una serie de cambios producidos en el Plan entre su aprobación provisional en el Pleno y la publicación en el Boletín Oficial de la provincia.

Dicha resolución señaló que se trata de alteraciones realizadas de forma intencionada en el Ayuntamiento. En 2008 el PSOE denunció a los tribunales cerca de 70 modificaciones de artículos y posteriormente el Equipo de Gobierno aprobó la remisión de una corrección de errores a la Consejería de Fomento que hacía referencia a nueve puntos del articulado y dos planos.

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