El Gobierno catalán ha pedido por carta a las emisoras de radio y cadenas privadas que emiten en Cataluña o con sede en esta comunidad, que difundan gratis los anuncios de la campaña informativa de la consulta alternativa del 9 de noviembre. La exigencia, manifestada por el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, Josep Martí Blanch, se ampararía en la ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña. Pero esta decisión no es una cuestión periodística más, de esas que nos encanta comentar a los profesionales, sino un claro ataque a la libertad informativa más propio de una dictadura bananera que de un país donde impera la ley y el derecho. Me dirán que hace tiempo que lo uno y lo otro se ausentaron de la política catalana, pero no hay que dejar de señalarlo, pues malo es permitir la manipulación y la imposición a los medios, como malo es acostumbrarse a la corrupción y a la mentira.
La carta que ha enviado la Generalitat a las empresas audiovisuales, invoca el artículo 82.1 de la llamada ley audiovisual catalana sobre lo que llama comunicaciones de interés público: “Los prestatarios de servicios de comunicación audiovisual están obligados a difundir, gratuitamente, y con indicación de su origen, los comunicados y las declaraciones que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat estimen convenientes por causas justificadas de interés público”. Y ahí está el problema: confundir el interés público con el interés personal, gubernamental o de una parte de la población. No imaginábamos que llegaríamos a esta situación, pero está claro que el nacionalismo es capaz de invadir aquellos espacios que no le corresponden al amparo de sus normas y de un supuesto interés público. Y eso es lo grave.
La Generalitat ha informado además que toma esta decisión apelando al ‘gran interés social del asunto’, por lo que pide a las empresas audiovisuales que emitan “tan pronto como sea posible” los mismos anuncios que ya emitían desde la semana pasada las emisoras de radio y televisión de la Generalitat. Pero como en España la libertad aún existe, la cadena Ser ha aclarado que no prevé emitir los anuncios, pues “No hay cobertura legal para obligar a ello según el dictamen de nuestro servicio jurídico”. También hará lo propio la Cope y las televisiones privadas. Pero esa no es la cuestión. El problema es que la Generalitat se permita intimidar e imponer a los medios su línea editorial independentista. Han perdido la vergüenza. Esperemos que esto al menos nos sirva a todos para saber por donde vienen.