En este sentido, indica que este colectivo ha creado una asociación de afectadas por los problemas de salud que están causando y afirma que estas personas pretenden estudiar las posibles reclamaciones, para lo que disponen de medios al efecto para llevar a cabo el cometido, al existir abogados, médicos y técnicos expertos en estos asuntos.
Según explica, en cada reclamación se valorará el perjuicio sufrido, tanto material como personal, incluyendo el daño moral. Así, añade que se considerará el daño a la salud que pudiera haber generado la rotura de alguna o ambas prótesis, el hecho de tener que someterse a una nueva intervención quirúrgica, los días de incapacidad, gastos desembolsados a raíz de la nueva intervención y el daño moral que genera la incertidumbre por una posible rotura y la alarma social extendida.
El Bufete Osuna plantea la existencia de una posible responsabilidad administrativa y civil. En cuanto a la administrativa, apunta a una posible Responsabilidad Patrimonial del Estado, el Ministerio de Sanidad, ya que «ha fallado en su obligación de vigilancia y control sanitario, permitiendo la comercialización y distribución en España de productos sanitarios perjudiciales para la salud».
Asimismo, apunta a una posible responsabilidad civil de «la entidad fabricante, su compañía aseguradora, la clínica que se concertó la cirugía estética, el cirujano que llevó a cabo el implante, y la compañía aseguradora tanto de la clínica como del especialista que tuviera cubierto la Responsabilidad Civil, además de contra la distribuidora del producto».