Sábado 16/11/2019.

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Los afectados del Popular quieren que Bruselas les pague sus pérdidas

La explosión controlada del Banco Popular ‘salvó’ la entidad y a sus depositantes, pero condenó a sus accionistas y bonistas a perderlo todo. Los afectados ya están explorando todas las opciones y algunas de ellas apuntan directamente a Bruselas, que de ser condenada tendría que abonar las indemnizaciones.

El mecanismo de intervención que aplicó la Unión Europea a Banco Popular (MUR) especifica que esta operación, que culminó con la venta por un euro al Santander, solo puede llevarse a cabo “en caso de no haber otra alternativa viable”. “Nosotros creemos que sí había otras alternativas”, explica a Teinteresa.es Bernardo Cremades Jr., abogado de Cremades & Asociados.

“Por eso presentaremos un recurso de anulación por violación del propio derecho europeo”, explica Cremades, cuyo despacho representa “tanto a afectados institucionales como a personas físicas”.

Europa tendría que pagar

En este caso, en lugar acudir a la vía civil o mercantil, se recurriría ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). Intentarían anular la decisión de aplicar el MUR que salió directamente de la autoridad europea.

Si ganan, Bruselas tendrá que pagar. “A los que recurran les indemnizarán”, explica Cremades, “y el resto tendrían que interponer un procedimiento de responsabilidad” posterior a la sentencia para que también se les aplique la decisión. 

Desde el despacho son optimistas ante la posibilidad de que esta vía dé resultado. Aseguran que recurrir la decisión del FROB no tiene sentido, ya que “solo aplicaba una decisión europea”. Los tiempos ya están corriendo y el plazo para presentar el recurso ante el TJUE acaba este 7 de agosto.

Una intervención exprés

“Había otras alternativas a aplicar el MUR”, aseguran los abogados. “Podría haberse hecho una ampliación de capital, incluir más inversores, ampliar las líneas de crédito para resolver el problema de liquidez o incluso segregar el banco en unidades y vender los activos tóxicos a fondos buitre”.

Además, la Unión Europea podría haber actuado de “puente”, quedándose con los activos del Popular para después colocarlos en el mercado. Una especie de nacionalización, como pasó con Bankia, pero a la europea.

Esto contradiría la propia normativa comunitaria que, además, especifica que la Junta que decida la resolución de una entidad “reparará los daños causados por ella o por su personal en el ejercicio de sus funciones, en particular sus funciones de resolución”.

El Santander también pagaría

Un recurso ante Bruselas que no evitaría que los accionistas que han perdido sus ahorros acudan por la vía civil o mercantil ante los tribunales españoles para intentar recuperar su dinero. Otras asociaciones como la OCU y Adicae incluso han planteado la vía penal en la Audiencia Nacional asegurando que podría haber un delito de fraude o que las cuentas del Popular “no representaban la imagen fiel de la entidad” y por tanto sus accionistas no tenían información suficiente.

En este caso, la entidad demandada sería el propio Banco Popular o sus directivos y las posibles indemnizaciones correrían a cargo del Santander como heredero de su negocio. 


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