Sostiene el licenciado Gargari, Paulo Díez Gargari, que OHL en México es una organización profundamente corrupta. Que han intentado ‘acabar’ con él plantando una pistola ilegal en su coche, y que la verdad solo ha salido a la luz gracias a la grabación de la cámara de una tienda cercana [ver más adelante]. Naciones Unidas confirma la ilegalidad de su arresto.
Sostiene también Gargari, abogado de una empresa rival de OHL México, que la filial de la española tiene engrasado, sobornado, al gobierno de Ciudad de México. Todo a cambio de un suculento contrato de explotación de una autopista.
Dice en cambio OHL que Gargari y la empresa a la que representa, Infraiber, han lanzado una campaña de desprestigio contra la firma de ingeniería española. Que intentan hacerles daño en su reputación y en su valor en bolsa, y que por ello ha presentado una denuncia ante la CNMV por manipulación de mercado contra ellos.
Cuentan los medios españoles y mexicanos que OHL está envuelta en un manto de sospecha en ambos países: por presunta financiación ilegal del Partido Popular, al que el presidente del grupo, Juan Miguel Villar Mir, habría entregado ilegalmente más de medio millón de euros; por la presunta corrupción del presidente popular de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que el Consejero Delegado de OHL, Javier López Madrid, habría pagado comisiones por valor de 1,4 millones de euros; y por una presunta trama de encarecimiento de los precios que pagan los mexicanos por las autopistas.
El origen del conflicto
Todo gira, casi literalmente, alrededor de una carretera de circunvalación de Ciudad México, llamada Circuito Exterior Mexiquense, cuya explotación recae en OHL México, filial del grupo español. No es un asunto menor: México es, de hecho, la gallina de los huevos de oro del grupo OHL, y supone casi el 70% de los beneficios antes de impuestos. Y la autopista es la mayor de sus explotaciones allí.
En 2006 se inició la construcción de esta enorme autopista de 155 kilómetros a las afueras de la capital del país. Se trataba de reducir los brutales atascos que sufre esta área metropolitana de casi 20 millones de habitantes. La concesión recayó en OHL.
Foto: De Sarumo74 – Trabajo propio, CC BY 3.0, Enlace
La firma cobra en función de los coches que pasen. Enrique Peña Nieto decidió, en el año 2011, conceder a una empresa mexicana, Infraiber, la auditoría de los datos de tráfico. Iban a instalar cámaras, antenas y todo lo necesario para determinar de forma independiente el tráfico. Nunca llegaron a hacerlo.
En ese punto, las versiones enfrentadas divergen.
La versión de Gargari
Infraiber y Gargari, en conversación con Teinteresa.es, arguyen que OHL es una cueva de ladrones que pagó a los funcionarios del gobierno para evitar que ellos auditaran la autopista y que se destapara el pastel.
En 2015 aparecieron en YouTube unas grabaciones en las que se mostraban aparentes pagos en especie (vacaciones y fiestas) a cambio de concesiones. El escándalo provocó la dimisión del presidente del consejo de administración de OHL México, José Andrés de Oteyza. Además, la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de México les condenó a la mayor multa de la historia del regulador por su contabilidad.
La versión de OHL
La empresa, a través de su gabinete de comunicación en México, Llorente y Cuenca, responde a este diario poniendo en duda la reputación de Gargari y la propia Infraiber.
Remiten a dos artículos de la prensa mexicana. En el primero, se afirma que la compañía obtuvo el contrato de auditoría de tráfico de la autopista a dedo, y que se canceló después porque cobraba una tarifa abusiva por cada coche medido.
Ligan al dueño, Pedro Topete, con el infame tren de Chiapas a Mayab, apodado La Bestia: un tren de mercancías que utilizan los mexicanos para llegar a Estados Unidos. Uno de los accionistas del tren (ha sido recientemente expropiado por el Estado) pertenece a Infraiber.
En el segundo artículo se denuncia que Pedro Topete y Paulo Díez Gargari están siendo utilizados por los partidos de la oposición al Gobierno de Peña Nieto para hacer daño, y que ambos están creando una red de periodistas afines para ello. El medio, Impacto, tiene toda una serie de artículos en los que muestran la presunta corrupción de Topete y Gargari.
La propia OHL ha presentado en España una demanda en la CNMV contra Infraiber por una presunta campaña de desprestigio. El regulador español se ha negado a informar a Teinteresa.es de la situación de la demanda.
La detención ilegal
Aquello parecía la detención del Capo Guzmán: Una docena de policías fuertemente armados y cinco coches que le cortaron el paso, según explica Gargari a este diario, rememorando el día en que agentes de la policía le detuvieron, hace ahora dos años.
Los agentes iban a detenerlo para llevarlo a declarar en el caso de las grabaciones de OHL México. Así se lo había ordenado la fiscalía de México. Cuando inspeccionaron su coche, “encontraron” una pistola, y lo llevaron preso por posesión ilegal de armas.
La pistola había sido ‘sembrada’ por uno de los agentes, asegura. “Afortunadamente pude obtener el vídeo de seguridad de un pequeño comercio, una tapicería”.
En el vídeo se aprecia cómo dos de los vehículos policiales cortan el paso al BMW gris de Gargari. Uno de los agentes sale de una de las furgonetas con un objeto que le sobresale del bolsillo y que parece la culata de una pistola. Otros siete policías rodean a Gargari. El primer agente se acerca al coche para depositar el arma en la guantera.
En base a esa grabación, la Fiscalía se querelló contra sus propios agentes y dictó prisión provisional contra diez de ellos. Sin embargo, al abogado se le sigue considerado como investigado por posesión ilegal de armas y tiene la libertad restringida: no puede salir de Ciudad de México. Él ha llevado el caso al Consejo de Derechos Humanos, que ha determinado la veracidad de su historia y ha dictaminado que “la privación de libertad de Paulo Jenaro Díez Gargari es arbitraria”.
Último episodio: Un comunicado falaz
El pasado 21 de abril, el Consejero Delegado Javier López Madrid fue detenido en el marco de la operación Lezo contra la corrupción. Se le investiga por el presunto pago e 1,4 millones de euros en 2007 a una cuenta en Suiza al entonces vicepresidente popular de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El pago habría salido de OHL en México.
La empresa emitió un comunicado negando la transferencia, y usando como presunta prueba el hecho de que “OHL MÉXICO empezó a existir en el año 2010”. En realidad, OHL México ya existía en 2005, según ha podido comprobar este diario de las escrituras de la empresa en el país Azteca.
OHL México insiste a este diario: “La empresa a la que se trata de hacer la imputación surgió y se hizo pública en 2010, por lo tanto es un error relacionar una parte con otra. Son empresas diferentes”. OHL España, sin embargo, ha asegurado a El Mundo, que primero ha sacado la noticia, que “los mexicanos se han equivocado en su nota, pero sin ningún tipo de maldad”.