De esta manera se ha pronunciado reiteradamente el presidente de la Junta, a preguntas del fiscal y de su abogado, José María Mohedano, en la sesión de tarde de este miércoles del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas de los ERE.
Griñán, que como ya hiciera esta mañana, ha recordado que, como presidente de la Junta, fue el encargado de proponer, cuando en 2011 comenzó la instrucción de la causa, al Consejo de Gobierno que «todo el 31L», desde el año 2001 hasta el 2010, se fiscalizara por la Cámara de Cuentas».
«En ningún ejercicio ha hecho tacha alguna del programa 31L o de las transferencias de financiación» la Cámara de Cuentas tras ser informada y controlar las cuentas generales de la Junta cada año. En este sentido, Griñán ha resaltado que el control externo, en referencia a este órgano, tampoco hizo «tacha, y, mucho menos, de ilegalidad».
En la última pregunta del fiscal Manuel Fernández Guerra, que ha interrogado a Griñán durante unas cinco horas, el expresidente ha ratificado su declaración ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, precisando lo que conocía de la causa, el escrito de elevación. A este respecto, ha resaltado que, según el instructor Alberto Jorge Barreiro, «no había malversación» en la causa investigada.