«Hay empresas que incumplen la ley y se niegan a aplicar el decreto a sus trabajadores, impidiendo que accedan a salarios dignos y condiciones laborales acordes con el siglo XXI», advierte el sindicato en un comunicado.
UGT denuncia que esta situación se repite a diario en muchas empresas agrarias, «aprovechando la saturación de las inspecciones y el temor de los temporeros a denunciar» por las amenazas de despido. «UGT-FICA está recibiendo llamadas de trabajadores que exponen su situación y renuncian a denunciar por miedo a ser despedidos y vetados para volver a trabajar», asegura.
El sindicato señala que esta situación se ha visto agravada tras la entrada en vigor del registro horario de jornada, que «se está convirtiendo en una nuevo bolsa de fraude».
«Muchos empresarios obligan a firmar 6,5 horas a sus trabajadores cuando en realidad llevan a cabo jornadas diarias de 11 y 12 horas. Igual ocurre con las horas extras y días festivos, que ni se declaran ni se abonan, aunque en las nóminas aparecen gratificaciones voluntarias que habría que inspeccionar», alerta el sindicato.
UGT ha pedido a la Inspección de Trabajo que tome cartas en las denuncias recibidas y «multiplique la vigilancia a estos empresarios y a unas prácticas fraudulentas basadas en la explotación laboral de los trabajadores más vulnerables».