Según ha informado el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, el acuerdo fue adoptado en una reunión celebrada el pasado jueves en la institución provincial entre el propio Louzán, el gerente del consorcio, Juan José González, y representantes de la administradora concursal de Celta Prix, la consultora Ayse Lucus.
Celta Prix, que cuenta con una plantilla de 230 trabajadores, entró en proceso concursal de acreedores a causa de sus problemas de liquidez derivados de las deudas que acumulan algunos de los 70 ayuntamientos de Galicia y Andalucía con los que tienen contratada la recogida de basuras.