En sólo una propiedad se han calculado pérdidas de hasta 25.000 euros durante 2011, por lo que los afectados consideran que el trabajo de los cazadores que controlan la población de jabalíes no es suficiente.
La Administración catalana se encargará a partir de ahora de recibir las alertas y de comunicarlas a las sociedades de cazadores para actuar de una manera más efectiva.