La formación magenta hace hincapié en que este nuevo reparto beneficia a los «terratenientes de sofá» frente a los agricultores y ganadores profesionales que tienen en el medio rural su modo de vida, «unos profesionales que van a ver cómo hoy se suscribe una nueva legislación en la materia y la van a tener que aplicar a partir del 1 de enero, un plazo muy escaso para unos cambios de tanto calado».
La candidata a procuradora por Ávila, Isabel Romero, califica de «estrepitoso fracaso» la negociación de los fondos de la Política Agraria Común y pide «una inversión compensatoria» para los agricultores y ganadores profesionales, ya que «son ellos los que vertebran el medio rural y mantienen el paisaje y el medio ambiente».
Romero explica que con los baremos que se aprueban hoy «se abre la puerta a que propietarios de aeropuertos, servicios ferroviarios, campos de golf o inmobiliarias se beneficien sin techo de cobro» de subvenciones públicas que deberían dedicarse a los profesionales del sector primario.
La abulense insiste en que Castilla y León necesita desarrollar su modelo de industria agroalimentaria y que la producción agrícola y ganadera «sea lo suficientemente atractiva para que los profesionales puedan perpetuar su actividad en la región».