En un comunicado, la Policía Nacional ha destacado que este entramado empresarial había sido creado expresamente para defraudar a la Seguridad Social. De hecho, el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal se aproxima a los 2 millones de euros.
En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas. Además, la gran mayoría, de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas, residen en Ibiza y Madrid.
Según ha detallado la Policía, el creador de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.
La operación se ha desarrollado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social