Así lo harán ambos grupos, que suman mayoría de concejales en el consistorio, a través de un Pleno Extraordinario que han solicitado y que ya ha sido convocado para el próximo martes, 25 de febrero, a las 10 horas.
Desde el grupo socialista han justificado su apoyo al recurso debido a que con esta reforma «el Gobierno de Mariano Rajoy aleja la administración de los ciudadanos y únicamente pretende recortar los servicios y derechos obtenidos con la instauración de la Democracia».
Al respecto la portavoz socialista y primera teniente de alcalde, María José López Bandera, ha señalado que el gobierno «dice que busca evitar duplicidades y lo que logran es que los Ayuntamientos queden únicamente para gestionar la luz de las calles y el servicio de recogida de basura», al tiempo que la reforma busca «reducir la representación de los partidos más pequeños en beneficio del PP».
Sin embargo la concejala socialista ha explicado que aunque expresan su rechazo a la ley, «mientras esté vigente la cumpliremos y acataremos indiscutiblemente el recorte en el número de ediles liberados en la Corporación local tal y como aprobamos en el pasado Pleno municipal».
IU CREE QUE SE PONEN EN RIESGO LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida-Los Verdes en el municipio, Jesús Saiz, también ha manifestado la adhesión de su grupo a este recurso de inconstitucionalidad, debido a que en su opinión la reforma «daña la autonomía local y pone en serio riesgo la prestación de servicios públicos a los vecinos en todos y cada uno de los municipios españoles».
Saiz también ha explicado que para que el recurso pueda ser presentado se necesita el respaldo de una séptima parte de los municipios españoles, 1160, y un sexto de la población, «aproximadamente ocho millones de personas», según el responsable político.
«Estamos convencidos que, de prosperar este recurso, se conseguirá parar una auténtica involución democrática, un incremento de las desigualdades, la más que segura pérdida de servicios públicos para la ciudadanía, además de pérdida de empleo», según Jesús Saiz.
EL PP CREE QUE ES UN «PACTO DE SUELDOS»
Mientras tanto el portavoz del PP local, Miguel Ángel López, ha realizado una rueda de prensa este miércoles en la que ha opinado que el Pleno sobre el recurso de inconstitucionalidad a la Ley supone una «maniobra descarada y a la desesperada» de PSOE e IU «solo para inventarse una excusa con la que no cumplir la nueva ley» y mantener el «pacto de sueldos» en el gobierno municipal.
Sobre este aspecto López ha opinado que la ley obliga a ayuntamientos como el de Parla a pagar sueldo de liberado a 18 concejales, mientras que actualmente hay 20 concejales con dedicación exclusiva y a juicio del PP son dos de los cuatro concejales de IU los que deberían perder esa condición debido a que ya no forman parte del Gobierno municipal.
Además López ha opinado en rueda de prensa que «Parla es la ciudad más morosa de toda España con sus proveedores» y ha acusado tanto al actual alcalde, José María Fraile, como al exregidor y actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, de ser responsables de «la ruina» del municipio.