El Partido Popular, según se puso de manifiesto en la citada reunión, lamenta que los socialistas incurran de nuevo en una grave irresponsabilidad «al estar deliberadamente mintiendo y manipulando a la sociedad asturiana sobre la minería de la región. Una actitud totalmente inaceptable que se viene repitiendo de manera insidiosa desde que el PP llegó al Gobierno de la nación».
Fernández afirma que el PSOE «dejó a España en situación de bancarrota e intenta desde hace un año con sus reiteradas mentiras ocultar que los actuales problemas de la minería son consecuencia directa de la irresponsable y nefasta gestión que llevaron a cabo durante años los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero».
Recuerda que fue un Gobierno socialista, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, el que en octubre del año 2010 firmó un Real Decreto que ponía fecha tope a las ayudas a las compañías eléctricas por consumir carbón autóctono: el 31 de diciembre de 2014.
A juicio de Mercedes Fernández «fueron los socialistas, y no el Gobierno de Rajoy, los que decidieron el final de las subvenciones, con el silencio cómplice de los partidos de la izquierda en Asturias, que callaron cobardemente entonces y ahora simulan cínicamente sentirse desolados ante una realidad que ellos mismos permitieron y apoyaron hace más de dos años».
«VÍCTIMAS ESCANDALIZADAS»
«Lejos de ofrecer una disculpa, o al menos una explicación, a los vecinos de las Cuencas, y a los asturianos en general, los socialistas fomentan el enfrentamiento e intentan presentarse ahora como víctimas escandalizadas, recurriendo a amenazas, ataques y descalificaciones personales contra dirigentes del Partido Popular, más propios de una taberna que del debate político democrático», añade la presidenta del PP de Asturias.
El Real Decreto de octubre de 2010 que aprobó el Gobierno socialista de Zapatero recogía que el fin de las ayudas podría incluso anticiparse, para que estos incentivos se suprimiesen antes del 31 de diciembre de 2014. Una posibilidad que el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, ha descartado por completo.
Para Mercedes Fernández «algún lince de la FSA, que ahora pide insolentemente dimisiones ajenas y se achantó vergonzosamente cuando Zapatero iniciaba la liquidación del sector, ha propuesto, no se sabe si desde la más absoluta ignorancia, o la más tozuda insensatez, solicitar a la UE una prórroga de estas ayudas».
Y añade que «tal petición pondría en grave riesgo la credibilidad internacional de nuestro país y podría abocar al sector energético a sufrir graves penalizaciones. Si los socialistas asturianos desconocen esta circunstancia, pueden pedirle doctrina a su compañero de partido, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea. Él sí sabe de lo que habla».
La responsable de los ‘populares’ asturianos sostiene que el PP se ha caracterizado siempre por su defensa de un sector del carbón competitivo y ha apostado decididamente por el futuro y el desarrollo de las Cuencas asturianas y recuerda que los fondos mineros fueron una iniciativa creada por el Partido Popular en tiempos de José María Aznar que supusieron cuantiosas inversiones en las comarcas carboneras y llevaron a estas la esperanza en un futuro mejor.
«Desgraciadamente, la pésima gestión de estos fondos realizada durante ocho años por el Ejecutivo de Zapatero, con necesidades sin programar, obras sin ejecutar, actuaciones sin pagar y proyectos empresariales fallidos, han traído la frustración a las Cuencas», apunta.
Por ello, el Partido Popular quiere hacer un llamamiento a la calma y el sentido común para que los socialistas abandonen su estrategia de «mentiras, manipulación y confrontación permanentes, y se atiendan las ofertas de diálogo que está lanzando el Gobierno de la Nación para que puede pervivir un sector del carbón competitivo más allá del 2018».
Fernández concluye afirmando que el Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando para garantizar que las empresas mineras que sean competitivas puedan seguir operando de manera indefinida aunque hayan recibido ayudas públicas, con el objetivo de que el carbón forme parte de un sistema energético nacional seguro, equilibrado y sostenible.