Así, ha afirmado que «viene a recompensar el trabajo realizado desde el Ejecutivo regional en los últimos años para reconocer el papel del Consejos Reguladores como órganos de gestión, y en particular, de la DOCa Rioja».
Esta ley resolverá la inseguridad jurídica en la que se encontraban el Consejo Regulador, ya que con este último trámite administrativo antes de su entrada en vigor, la DOCa Rioja verá cumplida su aspiración de ser reconocida como Corporación de Derecho Público.
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, logró el compromiso del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de llevar a buen término esta regulación y «hoy es un hecho que satisface al conjunto del sector y confiere al Consejo Regulador mayor autonomía en el desarrollo de sus funciones».
En relación con este trámite y fiel a su defensa del modelo de calidad vitivinícola, el Gobierno riojano se felicita de que no se haya incluido la enmienda planteada por el Grupo Socialista a la Ley al entender que no era procedente.
Así, recuerda que el Parlamento de La Rioja ya aprobó «por unanimidad de todos los grupos» la Ley de Defensa de la Calidad de la Viña y el Vino para garantizar que, ante la puesta en marcha del nuevo sistema de autorizaciones administrativas, las nuevas plantaciones de viñedo en La Rioja se destinen únicamente a la elaboración de vinos con DO o IGP. Esta ley autonómica ha sido consensuada con el sector.
El objetivo de la Ley de DDOO es garantizar una información adecuada y veraz al consumidor, así como el respeto a la competencia leal; para ello, se regula la protección desde la producción a la comercialización, presentación, publicidad y etiquetado, así como su utilización como nombres de dominio en internet.
En la norma se crean nueve corporaciones de Derecho Público para Consejos Reguladores de las DOP o IGP que comunicaron su voluntad de acogerse a esa fórmula. Además de Rioja, Cava, Jumilla, Idiazabal, Jamón de Huelva, Carne de Ávila, Guijuelo, Espárrago de Navarra y Arroz Calasparra.