La obsolescencia programada tiene los días contados dentro de la Unión Europea. El Parlamento ha solicitado la colaboración de la Comisión para terminar con la temprana caducidad de los productos electrónicos y que sus fabricantes faciliten la reparación a un mayor abanico de proveedores, y no solo a los que consideren como distribuidores oficiales.
El 20 de abril de 2012, Televisión Española emitía por primera vez el documental llamado ‘Obsolescencia Programada. Comprar, tirar, comprar’. En el reportaje, un técnico informático, llamado Marcos López, analizaba el caso de una impresora HP que incorporaba un chip EEPROM que paralizaba su funcionamiento al llegar a un número determinado de impresiones. Gracias a sus conocimientos, López era capaz de resetear ese chip y lograr que la impresora volviese a funcionar, pero, la mayoría de los mortales, se veían obligados a sustituirla por otra nueva. Esta práctica la ejecutan casi la totalidad de marcas electrónicas.
En los últimos cinco años las praxis han ido camuflándose mejor. Los dispositivos tienen limitado el acceso a los reparadores y a partes con menos vida útil, como las baterías. Además las actualizaciones de los sistemas operativos se congelan cuando transcurre un determinado intervalo de tiempo. Así, los fabricantes se aseguran que los clientes vuelven a ellos cuando finalice ese periodo.
La estrategia revolucionará el mercado, debido a que se creará una etiqueta europea que identifique a este tipo de productos y será obligatorio cumplir una serie de requisitos, como aplicar la garantía cuando un artículo pase más de un mes en el taller de reparación.
Pero la petición de Parlamento, de momento, se limita solo a explorar la situación del mercado, incluidos los grandes electrodomésticos. Asimismo, la institución europea pide la implicación de los ciudadanos para implantar este tipo de economía circular.
La industria de enseres tecnológicos no reconoce que la obsolescencia programada sea un método de producir más y se justifica alegando la seguridad de sus productos. A su juicio, dificultar el acceso a las reparaciones no proporciona un mayor beneficio, sino una mayor protección legal ante futuras averías.
Google se adelanta a la jugada
El mercado de teléfonos inteligentes se ha estabilizado. El hardware es más común y pocos son los elementos básicos que se cuentan como imprescindibles. Por ejemplo, un terminal del 2014 podría seguir siendo usable si no fuese porque las versiones de sus sistemas operativos obsoletos no pueden con las nuevas aplicaciones.
En este sentido, Google ya se ha adelantado a las pretensiones del Parlamento Europeo y su proyecto Project Trebble tiene como objetivo simplificar la estructura de Android. Por un lado, los drivers y el sistema y, por otro, la capa de personalización del fabricante del terminal.
Google podría terminar imitando a Microsoft que cobra por su licencia y proporciona actualizaciones durante varios años. Así, ni fabricante ni los operadores tendrían potestad sobre la vida útil del smartphone.
La jugada sería perfecta para todos los actores: el gigante de internet mejoraría sus beneficios, los usuarios se beneficiarían de más actualizaciones y los fabricantes ahorrarían en costes de producción.