La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha trasmitido hoy su «enorme preocupación» por la «evidente desprotección» que, en su opinión, sufren los hijos de víctimas de la violencia machista y ha aludido al caso de los dos niños de Granada que «permanecen secuestrados por su padre maltratador».
Ruiz ha exigido, en un comunicado, al Ejecutivo central «máxima celeridad» en la aplicación legislativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados hace más tres meses.
Ha recordado que las medidas 143 y 144 de dicho Pacto explicitan el compromiso del Estado de evitar la custodia compartida en casos de violencia de género, impidiéndola «siquiera provisionalmente si está en curso un procedimiento penal», e imponen la suspensión del régimen de visitas «en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia».
En opinión de Ruiz, estos supuestos se dan en el «preocupante caso» de los dos menores no devueltos a su madre en Granada y que, ha resaltado, «permanecen secuestrados por su padre maltratador, sobre el que pesa una orden de alejamiento respecto a la expareja y madre los menores por violencia de género», vigente hasta septiembre del 2022.
La directora del IAM ha lamentado «la absoluta desprotección» ante la que se encuentran los hijos de mujeres, algunas de las cuales «han estado en situaciones desesperadas porque las instituciones y las leyes no han podido garantizar la seguridad de sus hijos, víctimas directas de la violencia machista de sus padres, condenados por violencia.
Ruiz ha recordado que el Pacto, refrendado en el Parlamento español, prevé «las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas menores» de violencia de género, incluso encontrándose éstas en situaciones de jurisdicción internacional, en línea con el reciente Convenio europeo de Estambul, compatible con el Convenio de la Haya y de carácter obligatorio para los estados miembros de la Comisión Europea.
Junto a ello, Ruiz ha reclamado la planificación presupuestaria del Pacto de Estado para 2018, primer año de aplicación del pacto, y ha señalado que la ciudadanía «no es responsable de que los Presupuestos del Estado no hayan sido aprobados aún, por lo que no deben sufrir las consecuencias».
Ha defendido la urgencia de comenzar la planificación financiera y los cambios legislativos acordados porque, de lo contrario, «España deja en papel mojado un pacto de estado y un convenio europeo de obligado cumplimiento», ha concluido.