España, un país con dos terceras partes en riesgo de desertificación y con un rango de lluvias por debajo de la media desde 2014, padece la peor sequía de los últimos 20 años, aunque por ahora el abastecimiento de agua para consumo humano no peligra, según el economista e investigador Gonzalo Delacámara.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el año hidrológico 2016-2017 ha sido el octavo con menos lluvias, por lo que la reserva hidráulica española se encuentra al 37,5% de su capacidad; es decir, que los embalses han almacenado 21.024 hectómetros cúbicos. Un descenso imparable que ha tenido consecuencias durante el pasado verano, donde ha sido muy común ver camiones cisterna suministrar agua en numerosos pueblos de españoles.
Aguas subterráneas
«La sequía se debe gestionar cuando tenemos agua, no ahora que es cuando nos falta», señala Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
Nos ha pillado el toro, pero mirar podemos mirar hacia abajo: a nuestros acuíferos y aguas subterráneas. «El 30% del abastecimiento humano o urbano que se hace procede de estas aguas a medida estatal», ha añadido Barea. Son una reserva estratégica con entre cinco y seis veces más capacidad que los embalses. Sin embargo, por disponibilidad o contaminación, no todas las comunidades pueden abastecerse igualmente de ellos. También podemos mirar al mar, a las desaladoras.
Ahora trabajan al 100% las del sureste del país destinadas a la agricultura. «A medida que la sequía vaya avanzando por consecuencia del cambio climático, la desaladora tendrá que ser más utilizada. Realmente está para eso», explica Francesc Hernández, catedrático de la Universidad de Valencia.
A golpe de decreto ley
Delacámara, coordinador de Economía de Imdea Agua, alerta de que en España el agua se gestiona con frecuencia a «golpe de decreto ley» y ha matizado que nos especializamos en la gestión de crisis en lugar de encarar la gestión de riesgos.
«Faltan políticas preventivas capaces de gestionar el riesgo de sequía y anticiparse a ellas y completar, además, las inversiones en obras públicas con infraestructuras verdes que tienen menos impacto medioambiental y generan beneficios adicionales».
Siempre que hay una crisis de agua hay una crisis de gobernanza, que implica a la Administración del Estado a través de diferentes ministerios, a las confederaciones hidrográficas, gobiernos regionales y municipios, pero también es un fallo de los agentes privados y de la sociedad civil. No se trata de «apuntar con el dedo» sino de cooperar todos para resolver esas crisis de gobernanza», añade.