El ministro de Justicia ha querido abrir el debate sobre la conveniencia de sancionar a los medios de comunicación que difundan datos de un proceso judicial sometido a secreto de sumario y aquí tiene una respuesta: no, sería un remedio catastrófico, una pérdida de libertad, un corte en seco de la etapa más larga de informacion y de expresión de la historia de España. Entiendo la preocupación del ministro por las filtraciones, su inquietud por la quiebra del principio de presunción de inocencia, que comparte mucha gente incluso en el sector periodístico, pero la corrección que apunta es contraproducente y a la larga destructiva.
La acción de la justicia se realiza bajo el principio de la publicidad -que consagra la Constitución: “las actuaciones judiciales serán públicas”, artículo 120- y en los casos excepcionales en que se imponga el secreto, también previstos por nuestra ley principal, el legislador ha querido hacer responsables de las posibles filtraciones a los funcionarios encargados de asegurarlo. Esto no lo digo por informar a Rafael Catalán, que lo conoce de sobra, faltaría más, sino por centrar el asunto. El secreto de sumario y, en otros casos, la reserva de documentos del procedimiento judicial, que son excepciones que impone el juez cuando lo considera necesario, afectan a los funcionarios, para quienes la ley prevé sanciones en caso de incumplimiento. La misma ley ha dejado a salvo a los periodistas, y no se trata de un olvido o de una negligencia sino de una forma de proteger el derecho a la información, institución fundamental de la sociedad de las libertades.
La mitad de la preocupación del ministro de Justicia es materia legalmente resuelta. Si a pesar de ello se producen filtraciones cuyo autor no se localiza y, por lo tanto, se libra de la sanción prevista, es asunto del que deberán responder los funcionarios de la administración judicial, empezando por los propios jueces. Que existen filtraciones de datos y de documentos proporcionados por funcionarios es un hecho que no necesita demostración, pero impedirlo como sugiere el ministro en defensa del principio de la presuncion de inocencia no pecisa de nuevas leyes porque lo que está ya previsto es suficiente.
Pasar de ahí a buscar responsables de las filtraciones en los medios de comunicación es un salto en el vacío que de inmediato causaría una limitación inaudita de la posibilidad de difundir información. Sería, de entrada, una misión imposible si se respetara como hasta ahora el secreto profesional del periodista, una garantía del ejercicio informativo para la proteccion de las fuentes informativas, que la Constitución consagra como un derecho (y que es también un deber ético con el público al que sirve información). El secreto profesional del periodista, que le permite ocultar la identidad de sus fuentes cuando ha hecho con ellas un pacto de confidencialidad, es generalmente aceptado por los jueces en la práctica. Para buscar responsables de filtraciones en los medios habría que restringir el secreto y con ello la capacidad de obtener y difundir información quedaría gravemente afectada.
La persecución de responsables de filtraciones en los medios anularía a la larga la información, no le quepa al ministro ninguna duda. Abierta una espita contra la libertad de información, empezaría enfermando y acabaría muriendo, como ha pasado en los países donde se comenzó controlando a los medios y se ha logrado hacer desaparecer la circulación de noticias relevantes, esas que la gente necesita conocer. Véase el ejemplo de Venezuela, tan próximo y tan peligroso para nosotros. Muchas noticias sobre corrupción, por ejemplo, resultarían imposibles sin una protección integral, como hasta ahora, del secreto profesional del periodista.
He empezado diciendo que entiendo que el ministro se preocupe por la quiebra del principio de la presunción de inocencia, un derecho de toda persona mientras no sea condenada, pero su defensa no puede conducir a una caza de brujas en los medios, letal para la información. Cabe procurarla de otra forma, empezando por una adecuación del vocabulario de la justicia, que por ejemplo durante años ha estado usando el término “imputado” de significado tan equívoco, y que ahora se sustituye aunque no sé si con acierto asegurado; siguiendo por una agilización de la administración judicial; y provocando una preocupación pública por la inocencia y no por la culpa. Yo puedo dar testimonio de que en gran parte de la profesión periodística se trata de preservar la presunción de inocencia, y los códigos deontológico y los libros de estilo de los medios dan pistas sobre ello. Lo que ya no puedo asegurar es que en todos los medios se trate adecuadamente este problema. Pero sí estoy seguro de que no se resolvería con amenazas ni con medidas penales, mientras que, por el contrario, se causaría con ellas, insisto, una lesión a la libertad de información que nos haría retroceder bastantes décadas.