El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero Jordi Turull y otros 11 dirigentes independentistas por su papel en la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y por desobedecer decisiones judiciales que ordenaban no realizar esta consulta.
También son procesados por rebelión otros siete exconsejeros del Gobierno catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC Marta Rovira.
En el auto de procesamiento, el juez procesa, además, a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos (Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret) por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsejeros procesados por delito de rebelión también les acusa de malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.
El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.
La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-0, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.