«El juez no hizo sino cumplir con su mandato constitucional de llevar a cabo las actuaciones judiciales tendentes a esclarecer unos hechos que, tras las pruebas aportadas, constituyen delito de rebelión, por lo que ordenó el ingreso en prisión de los políticos rebeldes y proclives a la confrontación con el resto de la sociedad española con su declaración de independencia de España», defienden en un comunicado.
Alternativa Sindical de Policía (ASP), un sindicato que cuenta con representación en el Consejo del Cuerpo, ha censurado a los jueces que se han negado a la extradición de los procesados por Llarena. El sindicato ha opuesto la actuación de un «profesional de la magistratura» como el juez español con el de sus colegas de países como Bélgica que dan amparo a «cobardes que huyeron como ratas que huyen del barco que se hunde».
«Nunca antes un poder ejecutivo ha defraudado tanto a una sociedad en su conjunto que aboga por la convivencia pacífica, por el cumplimiento de la ley y el amparo ante los órganos judiciales», ha defendido ASP, que recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha «incumplido sistemáticamente la palabra dada al convocar elecciones». «Todos en cierto modo somos Pablo Llarena porque todos en cierto modo estamos desamparados por el Gobierno de España», sostienen.