La Fiscalía Superior de Catalunya ha decidido finalmente, tras la denuncia presenta por Ciudadanos, abrir investigación por los avales emitidos por el Institut Català de Financies (ICF) a los ex altos cargos del ‘procés’ encausados por el Tribunal de Cuentas. En total se trata de 29 avales concedidos para cubrir los 5,4 millones que se reclaman por los costes de internacionalizar el ‘proces’. El Ministerio Público deja fuera de la investigación a Aragonès, Giró y Vilagrà.
Además, el Trubunal de Cuentas pidió esta semana un informe a la Abogacía del Estado «a la mayor brevedad posible». El organismo vio indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat para la fianza de los altos cargos del ‘procés’ y ha solicitado un informe a la Abogacia del Estado. La institución ha manifestado «dudas sobre la suficiencia y legalidad» sobre esta operación.
«En vez de destinar dinero a los empresarios y autónomos, el ICF ha afectado dinero público para garantizar dinero que fue sustraído ya de las arcas de todos», aseveró Carlos Carrizosa, lo que habría motivado la denuncia de la formación naranja.
Varios de los altos cargos han renunciado a recurrir al fondo creado por el Govern, e intentarán pagar los costes presentando bienes personales. Dos aún no han formalizado ninguna fianza, por lo que se procederá al embargo.