La Ley Antidesahucios, aprobada el pasado mes de abril con el voto en solitario del PP, surge de la fusión de la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó a la Cámara Baja acompañada de un millón y medio de firmas, impulsada por la PAH y otras entidades sociales y en la que se reclamaba la dación en pago universal y retroactiva, entre otras medidas.
Este viernes es el último día de plazo para recurrirla y el PSOE ya ha anunciado que se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) con su propio escrito, que comparte argumentos con la propuesta de la PAH, y con las firmas de sus propios diputados.
La Plataforma que encabeza Ada Colau había pedido firmas para poder registrar su propio recurso, pues acudir al TC requiere contar con al menos 50 diputados, pero los socialistas no se han sumado y han respaldado el suyo, lo que ha desatado las críticas de la PAH.
«Lamentamos que el PSOE no haya tenido la capacidad política de permitir que la sociedad civil lleve a cabo la acción procesal –protesta en un comunicado recogido por Europa Press–. Con esta forma de actuar, el PSOE demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política, y refuerza más el distanciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos».
A su juicio, la «actitud lamentable» del PSOE responde a un «interés partidistas» propio de las «viejas instituciones y sus miserias electorales».