Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) el pasado 25 junio por su imputación en el caso ERE, ha solicitado su reingreso a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La ministra ha pedido reincorporarse como inspectora jefe en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, un órgano de relevancia estratégica encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los mayores contribuyentes del país.
A través de este cargo, la ex ministra, a la que la juez Mercedes Alaya considera responsable de un sistema de ayudas públicas ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General, tendría acceso numerosos datos confidenciales de todos los contribuyentes.
Además tendría amplias competencias, que le permitirían entre otras cosas, ordenar el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación fiscal, dictar las liquidaciones por las que se regularice la situación tributaria de los contribuyentes o realizar los requerimientos individualizados de obtención de información.
La petición de Álvarez no ha dejado indiferente a quienes han conocido la noticia dentro de la Agencia Tributaria, dónde se cuestiona como un cargo imputado en un fraude masivo puede llegar acceder a un puesto de responsabilidad en el que tendría acceso a datos confidenciales y de especial sensibilidad.
Según ha podido saber La Información, el secretario de estado de Hacienda, Miguel Farre, que es presidente de la AEAT, y el director general del organismo, Santiago Menéndez, ya han encagado a los abogados de Estado el estudio de la solicitud de reincorporación a la Agencia de la ministra.
Fuentes de la AEAT han señalado a La Información que «resulta muy sorprendente que una persona que está imputada por la Justicia quiera acceder a un puesto de tanta sensibilidad técnica y política dentro de la Agencia Tributaria». De ahí que lo más lógico es que sean los abogados del Estado los que desestimen con argumentos la petición de Álvarez.
Apuntan que si se llegase a aceptar la reincorparación en un cargo de esta responsabilidad, la ministra tendría acceso a todas las bases de datos fiscales en el ámbito nacional, ya que desde la Delegación Central de Grandes Contribuyentes se pueden supervisar información de los contribuyentes, con independencia del domicilio fiscal de los obligados tributarios y de los lugares donde ejerzan actividades económicas a través de una base única.
«Teniendo en cuenta su actual situación de imputada, un cargo de este tipo es como poner a un lobo en medio del rebaño», señala uno de los inspectores de Hacienda con los que ha contactado este diario.
¿Qué es la Delegación Central de Grandes Contribuyentes?
La Delegación Central de Grandes Contribuyentes es un órgano central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con competencias en todo el territorio nacional y que empezó a funcionar el 1 de enero de 2006.
Los contribuyentes se adscriben a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de dos formas.
De forma automática:
Las personas jurídicas y entidades cuyo volumen de operaciones a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del Impuesto General Indirecto Canario o del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla supere los cien millones de euros durante cada uno de los tres ejercicios anteriores a aquel en el que se produce la adscripción.
Las personas jurídicas y entidades cuyo volumen de información suministrado a la Administración Tributaria, en concepto de retenciones o ingresos a cuenta, haya superado los 10.000 registros durante cada uno de los tres ejercicios anteriores y cuyo ámbito de actuación exceda del de una Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía.
Por resolución del Director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, a propuesta del Delegado Central, cuando concurran determinadas circunstancias como:
– Personas físicas cuya renta a efectos del IRPF supere el millón de euros o que el valor de sus bienes y derechos, incluidos los exentos, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio supere los 10 millones de euros.
– Ejercer actividades en todo o gran parte del territorio nacional.
– Presentar una posición destacada en un sector económico determinado.
– Tributar en régimen de consolidación fiscal o grupo de entidades del IVA.
– Realizar operaciones que revistan especial importancia o complejidad en el ámbito nacional.
– Estar relacionados con otros obligados tributarios ya adscritos a la Delegación Central.
– Estar integrados en los supuestos previstos en el artículo 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
– Tratarse de entidades aseguradoras en liquidación cuando esta función sea asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
– Presentar indicios de la realización de fraudes en los que, por su especial gravedad, complejidad o características de implantación territorial, resulte conveniente la investigación de forma centralizada.
– Presentar una especial complejidad en cuanto a su gestión recaudatoria o indicios de posibles conductas fraudulentas de especial relevancia en este ámbito.
– Por razones de eficacia, se considere necesaria la continuación de las actuaciones tributarias por la Delegación Central.
Imputada por los ERE andaluces
La ex ministra de Fomento aseguró que el abandono de su puesto de vicepresidenta en el Banco Europeo de Inversiones no fue motivado por la imputación de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE, sino para no desprestigiar la institución. «No tengo nada que ver con el mal uso del dinero público. Eso se demostrará, todo tiene su tiempo. Yo no tengo la culpa de que en vez de un mes se resuelva todo en diez años», dijo.
Sin embargo, desde el Partido Popular han asegurado que la losa de su imputación ha pesado, y mucho. El pasado mes de mayo la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez contra el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares la imputó nuevamente en la causa después de que el primer auto de imputación fuera anulado por la propia Audiencia por falta de motivación, ya que entiende que existen contra ella «severas por fundadas sospechas de participación» en el fraude.
En un auto, el tribunal también aseguraba que «es posible» que la terminación de la instrucción del caso «ya no le corresponda» a la juez Mercedes Alaya, frase con la que podría estar aludiendo de forma velada al hecho de que el caso debería ser elevado al Tribunal Supremo después de la ‘preimputación’ de los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco ex consejeros, todos ellos aforados.