«No nos apetece ninguna excepción solo para Ceuta y Melilla en el Código Civil, que es vinculante y de obligado cumplimiento en todo el país, pero estamos de acuerdo en que habría que estudiar y reflexionar cómo está el articulado con respecto a los derechos para obtener la nacionalidad», ha apuntado Hachuel en declaraciones a los medios.
A juicio del también consejero de Gobernación, en las dos ciudades españolas norteafricanas «hay una realidad derivada de la diferencia de nivel sociocultural y de asistencia sanitaria entre un lado y otro de la frontera que provoca, razonablemente, que las poblaciones limítrofes busquen nuestra asistencia sanitaria, más en un momento tan especial como el de dar a luz».
«Eso conlleva unas consecuencias legislativas que deben ser reflexionadas para impedir que nuestra solidaridad sanitaria pueda convertirse después en un derecho que no sea el deseado cuando el legislador reguló el derecho a la nacionalidad», ha añadido Hachuel.
El portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Ali (Coalición Caballas), ha lamentado en declaraciones a Europa Press que los gobiernos de las ciudades autónomas se dediquen a «alimentar la xenofobia» con declaraciones que «pretenden amedrentar a la ciudadanía con falsas amenazas a sabiendas de que un certificado de nacimiento en territorio español no concede por sí solo ningún derecho de acceso a la nacionalidad».