Ciudadanos ha registrado una petición de reconsideración del acuerdo de la Mesa del Parlament para permitir la delegación de voto de Carles Puigdemont, al considerar que va en contra de las medidas cautelares del Tribunal Constitucional, como no poder delegarlo a diputados «con una orden de busca y captura».
La mayoría independentista de la Mesa del Parlament, que ostentan Junts per Catalunya y ERC, acordó ayer permitir la delegación de voto del expresidente catalán, a pesar de la advertencia verbal de los letrados de la Cámara, que avisaron de que esta decisión podría colisionar con las medidas cautelares del Tribunal Constitucional que no permitieron una investidura a distancia o delegada de Puigdemont, cuando éste se hallaba en Bruselas.
En el escrito registrado por Ciudadanos, se constata que Puigdemont «es un fugado de la justicia desde el pasado 3 de noviembre de 2017 y, por lo tanto, antes incluso de las elecciones al Parlamento de Cataluña del pasado 21 de diciembre de 2017».
La formación naranja incide en que Puigdemont «está imputado por graves delitos de rebelión y malversación, sin que el mismo se haya puesto a disposición del Tribunal Supremo como demuestra la existencia de una orden de detención europea y un procedimiento de entrega en la República Federal de Alemania».
Por ello Cs considera que se encuentran «vigentes» las medidas cautelares decretadas por el TC, como que «los miembros de la cámara sobre los que pese una orden Judicial de busca y captura de ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios».
Para Cs, Puigdemont no concurre en ninguna de las causas que el reglamento establece para poder delegar el voto: además de hacer hincapié en que la petición de delegación de voto remitida a la Mesa «supuestamente» por Puigdemont está «firmada y dirigida desde el Parlamento de Cataluña», lo que es «materialmente imposible», por la «condición de fugado de la justicia» del expresident.
La formación liderada por Inés Arrimadas recuerda que «todos los miembros de la Mesa han sido personalmente advertidos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda eludir o ignorar las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Constitucional, como es el caso de este acuerdo».