Un juez de Guatemala concedió hoy la libertad bajo fianza de 135.000 dólares al expresidente de ese país Álvaro Colom, imputado en un caso de corrupción en el transporte público de la capital.
El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal estableció esta medida sustitutiva, a la que cabe recurso en los próximos tres días, a cambio de que el exmandatario pague 500.000 quetzales (unos 67.000 dólares) por cada uno de los delitos por los que fue procesado: fraude y malversación.
El juez también otorgó libertad bajo fianza de unos 13.500 dólares a los exministros de Economía Óscar Velásquez y de Cultura y Deportes Gerónimo Lancerio, procesados por fraude, mientras que al exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos, en prisión por otros casos, y al extitular de Interior Salvador Gándara les fue denegada esta misma solicitud.
Tras finalizar la vista judicial, en la que el expresidente pidió un cambio de delito que no se le concedió, Colom mostró cautela y recordó que faltan tres días para ver «que no haya impugnación» del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«Yo soy inocente y tengo la paciencia y la tranquilidad del mundo, para esperar que el proceso avance», reiteró, y añadió que no existe peligro de fuga por su parte, una opinión en la que también coincidió el juez al otorgar la medida sustitutiva.
Colom y los otros dos exministros que quedaron en libertad tienen prohibido salir del país y deben firmar cada ocho días en el libro de reporte.
Por esta causa, conocida como Transurbano, están procesadas además de estas cinco personas otros siete exmiembros del Gabinete de Colom, entre ellos el expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight.
Supuestamente este último, en su calidad de ministro de Finanzas -cargo que ocupó de 2008 a 2010- incurrió en irregularidades en la creación y suscripción de un acuerdo gubernativo que le dio vida a la implementación de un sistema prepago del entonces nuevo sistema de autobuses urbanos llamado Transurbano.
Según la investigación, el Gobierno en esa época (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en un transporte de la zona metropolitana, el Transurbano.