«Tenemos la sensación de que el Gobierno desea seguir dialogando», declaró el portavoz del CNRD, Dehoua Seri. «Pensamos que debemos participar en las elecciones», añadió, en declaraciones ofrecidas ayer lunes por la noche a la televisión estatal.
Entre los miembros del CNRD figura el Frente Popular Marfileño (FPI), el partido fundado y liderado por Gbagbo. El propio FPI había anunciado su intención de retirarse de los comicios, a los que concurrirán más de mil candidatos para cubrir 255 escaños, por considerar que el Gobierno de Alassane Ouattara estaba tratando de forma injusta a los partidos próximos al expresidente.
El propio CNRD denunció que el traslado de Gbgabo a La Haya, sede del TPI, revela que existe «una justicia a dos velocidades» de la que se han librado los partidarios de Alassane Ouattara «que también son sospechosos de crímenes».
Una veintena de candidatos del CNRD habían anunciado su retirada de los comicios en protesta por la entrega de Gbagbo y los partidarios del expresidente se habían retirado también del proceso de reconciliación por el mismo motivo, según la agencia estatal china Xinhua.
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010, Costa de Marfil se sumió en una ola de enfrentamientos entre los partidarios de Gbagbo, que se negó a entregar el poder, y los de Ouattara, reconocido como legítimo vencedor por la comunidad internacional. Según datos de Naciones Unidas, más de 3.000 personas murieron durante el conlficto.
Gbagbo, transferido la pasada semana a La Haya, está acusado como coautor indirecto de cuatro cargos de crímenes contra la Humanidad: asesinato, violación y otros delitos sexuales, persecución y otros actos inhumanos entre noviembre de 2010 y abril de 2011. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, ha advertido de que Gbagbo va a ser «el primero, pero no el último» en responder por los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la violencia postelectoral.
El abogado de Laurent Gbagbo, Emmanuel Altit, denunció el pasado miércoles que su traslado al TPI fue «completamente ilegal» porque las autoridades le habían hecho creer que iba a comparecer ante una corte marfileña. El presidente Ouattara ha asegurado que su detención se produjo «con la mayor discreción» y respetando «su dignidad como marfileño y como exjefe de Estado».