En el primer aniversario de la ofensiva sin precedentes contra el Centro de Derechos Humanos Viasna (“Viasna”) en Bielorrusia, 20 organizaciones de derechos humanos internacionales y bielorrusas lanzan una campaña para exigir la liberación de siete miembros de Viasna detenidos, y para poner de relieve la difícil situación de cientos de personas enjuiciadas y encarceladas únicamente por ejercer su derecho de reunión pacífica y su libertad de expresión.
“Hoy se cumple un año del comienzo de la vergonzosa caza de brujas de las autoridades bielorrusas contra Viasna, inaugurada con la detención arbitraria de Marfa Rabkova, coordinadora de voluntariado de Viasna. En los meses siguientes, otros seis miembros de esta organización de derechos humanos se encontraron entre rejas y acusados de delitos infundados por llevar a cabo su legítima labor de derechos humanos”, afirman las organizaciones.
El 16 de febrero de 2021, funcionarios encargados de cumplir la ley de Bielorrusia allanaron las secciones de Viasna en Minsk, Homel, Mahilyou, Vitsebsk, Brest y otras ciudades, así como los domicilios de miembros del personal. En marzo de 2021, el Comité de Investigación de Bielorrusia, organismo responsable de las investigaciones penales, abrió una causa penal por las actividades de Viasna en virtud del artículo 342 del Código Penal (“organización y preparación de acciones que violan gravemente el orden público o participación activa en tales acciones”).
Por último, el 14 de julio de 2021, tras el allanamiento de más de 12 importantes organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de Bielorrusia, entre ellas Viasna, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley bielorrusos, se procedió a la detención de Ales Bialiatski, presidente de Viasna, Valiantsin Stefanovich, miembro de la junta directiva de Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Uladzimir Labkovich, abogado de Viasna. Todos han sido acusados formalmente en virtud del artículo 342 y el artículo 243.2 (“evasión fiscal”), que conlleva una pena máxima de siete años de cárcel.
“El gobierno de Alyaksandr Lukashenka ataca públicamente a las personas que protestan de forma pacífica pero juzga en secreto a quienes las defienden. Sus simulacros de “juicios” se celebran sin que nadie los vea, para ocultar los cargos absurdos, evitar testigos públicos y ahorrarse una situación profundamente incómoda. El gobierno presiona a los profesionales de la abogacía que representan a manifestantes pacíficos para que no hablen, y la información es escasa. No obstante, de una cosa podemos estar seguros: estos siete defensores y defensoras de los derechos humanos son inocentes de todos los cargos, y exigimos su libertad inmediata y sin condiciones”, afirman las organizaciones.