Los altos cargos de Rusia, incluidos los legisladores, jueces y líderes de las corporaciones estatales y sus esposas e hijos menores de edad tienen prohibido desde este lunes tener dinero en cuentas bancarias en países extranjeros.
La legislación, iniciada por el Kremlin para «nacionalizar las élites» y detener la corrupción, preveía originalmente prohibir la posesión de activos en el extranjero, pero la ley ha sido suavizada en el Parlamento para permitir la propiedad de bienes inmuebles en el exterior.
La ley entró en vigor el pasado mes de mayo, pero los funcionarios han tenido tres meses para deshacerse de sus respectivos activos o renunciar a sus puestos, según ha informado la agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti.
Un legislador de la Duma, Dimitri Gudkov, ha asegurado que «solo los legisladores y funcionarios mentalmente retrasados serán incapacitados por esta ley». El miembro del partido Rusia Justa ha publicado en internet una lista con varias maneras de eludir la prohibición, que incluye los fondos fiduciarios, las compañías en paraísos fiscales o el registro de la propiedad a nombre de un familiar no dependiente.
La prohibición también afecta a miembros del Consejo de Ministros, gobernadores regionales, los líderes de municipios y varios otros altos funcionarios como el fiscal general, el líder del Comité de Investigación y el presidente del país, Vladimir Putin.
Varios senadores del Consejo Federal han renunciado antes que abandonar sus bienes extranjeros, según ha informado la portavoz Valentina Matviyenko. Por su parte la Duma ha asegurado que ninguno de sus diputados ha renunciado debido a esta prohibición.
Según informes anteriores, nueve de los 166 senadores, incluyendo Nikolai Olshansky, que fue incluido en la lista Forbes de los rusos más ricos y otros 15 diputados de los 450 que conforman la Duma se deshicieron de activos en el extranjero.