A través de un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias palestina, WAFA, la Presidencia ha destacado que «todas las actividades sobre los asentamientos, en todas sus formas, son ilegales y suponen una violación de las leyes internacionales».
Por ello, ha reiterado su llamamiento «al fin de las actividades en los asentamientos», que ha descrito como un «obstáculo» en «el camino para alcanzar un acuerdo de paz a través de un proceso de negociaciones».
A las críticas se ha sumado el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, quien ha dicho que «Israel tiene una obsesión con intensificar su agresión contra Palestina y contra su pueblo mientras se intenta alcanzar una solución negociada».
«Tras el anuncio de la intensificación de las negociaciones formulado por el secretario (de Estado estadounidense) John Kerry, Israel destruyó la localidad de Jirbet Majul por cuarta vez y aprobó una nueva expansión de asentamientos destinada a separar Jerusalén Este de Ramala», ha dicho.
«Nuestra posición es clara y está en línea con el Derecho Internacional: todos los asentamientos israelíes en Palestina son ilegales», ha sostenido el jefe negociador palestino.
«La construcción de asentamientos en el Jerusalén Este ocupado, Ariel y Kiryat Arba es ilegal y mina la posibilidad de alcanzar una solución negociada para la creación de dos estados», ha agregado. «Si Israel es serio acerca de la paz, debe de poner fin a sus actividades en los asentamientos», ha puntualizado.
Así, ha remachado que «para que la paz prevalezca y florezca una solución basada en dos estados, el mundo debe actuar para que Israel pague el precio de su desafío institucional al Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas».
En enero, un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió de que la política de asentamientos de Israel viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) debido a que dichas convenciones prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados.