Según los datos publicados en su primer informe sobre esta cuestión, la MINUSTAH y la OACDH han señalado que ente 2012 y 2015 se registraron más de 480 casos de linchamientos, que llevaron únicamente a la detención de 59 personas: sólo una de ellas fue condenada.
La ONU ha denunciado a los agentes estatales federales por su pasividad «e incluso tolerancia» con esta práctica, un delito que «viola el derecho a la vida garantizado en los tratados internacionales» a los que el país está sujeto.
En su informe han explicado que los motivos que se alegan por parte de la población para llevar a cabo este tipo de actos son la ausencia de confianza en la Policía y en el sistema judicial, además de la impunidad de la que saben que disfrutarán los autores de estos crímenes.