España «rechaza y lamenta profundamente» esta «decisión unilateral» por ir en contra «de la creación del clima de confianza necesario para la reanudación de conversaciones de paz entre palestinos e israelíes y su ejecución tendería a hacer inviable la solución de los dos estados».
El Gobierno, como la comunidad internacional en su conjunto, «considera los asentamientos de colonos en territorios ocupados contrarios a la legalidad internacional», e «insta a las autoridades israelíes a revocar esta decisión, ilegal a la luz del derecho internacional y contraria al proceso de paz», según la nota emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.