La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a la comunidad internacional a que use su informe sobre Venezuela en sus «esfuerzos jurídicos y políticos» para buscar una salida a la crisis y pidió presionar para que el Gobierno chavista le deje visitar el país.
Así lo manifestó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la presentación del documento en la sede del organismo en Washington, después de entregar el texto tanto al Ejecutivo de Venezuela como al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La Comisión considera que su análisis puede servir de «contexto» para los casos individuales que la Secretaría General de la OEA estudia remitir a la Corte Penal Internacional (CPI), en función de un informe de un panel de expertos nombrado por Almagro y que debería haber visto la luz a finales de enero.
No obstante, el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren, dejó claro que cada instancia tiene «su competencia» y que la de esta comisión es «determinar la responsabilidad internacional en el marco de los Estados del Sistema Interamericano, no individuales de autoridades o gobiernos de tipo penal».
«No podemos anticipar una evaluación de los casos concretos, pero el informe habla claramente de que identificamos graves violaciones de derechos humanos, así que a buen entendedor…», apuntó Abrão.
Prosiguió que, «de alguna manera, sí construye caminos para la caracterización, a partir de casos concretos, sobre si se cumplen o no los requisitos» para hacer una denuncia ante la CPI sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
En su extenso informe, la CIDH documenta el «alarmante debilitamiento» de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que se ha «intensificado» en los últimos dos años.
En este análisis, centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que «las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el poder Legislativo» son uno de los factores claves de la crisis venezolana.
Además, señala los «altos niveles de corrupción», la «existencia de un patrón de represalias» a quienes se manifiestan contra el Gobierno, «severas restricciones a la libertad de expresión», «el aumento de la violencia y la criminalidad» y el «desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos».
El Gobierno chavista no permite a la Comisión entrar al país desde su visita de 2002, a partir de la cual el organismo elaboró un informe crítico sobre derechos humanos y democracia publicado al año siguiente.
Por eso, la CIDH tuvo que redactar este informe con la información que recibió en los últimos dos años y con la que solicitó al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil con este fin.