Aunque en el debate de este jueves sólo se debatían las enmiendas, y no se ha votado el conjunto del texto, tanto CiU como el PNV han mostrado su satisfacción con la mayor parte de la norma que ha resultado tras toda su tramitación. Otras formaciones, como el PSOE o UPyD, no han mantenido una oposición frontal de rechazo, aunque sí han señalado algunas críticas que no se han conseguido superar.
Así, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, ha insistido en que «el que la crisis haya golpeado con especial intensidad a las cajas de ahorro no tiene que ver con el modelo en sí mismo» de este tipo de entidades, y recuerda que en anteriores crisis financieras que afectaron sobre todo al sector privado no se puso en duda el sistema en sí mismo.
«Lo que ha fallado es un modelo volcado hacia una expansión del balance (inmobiliario) absolutamente loco, financiado sobre todo con crédito externo», ha señalado, insinuando que los inversores extranjeros apostaron por financiar los bancos a sabiendas de que el Estado «estaría detrás» en caso de problemas.
No obstante, el exministro de Trabajo ha reconocido que las enmiendas introducidas en el Senado han mejorado ciertos aspectos de la normativa, aunque aún mantienen discrepancias sobre algunos aspectos. Asimismo, reprocha a los »populares» que no hayan solucionado ni el problema de los preferentistas ni la depuración de responsabilidades sobre la quiebra de entidades como Caja Madrid.
SE PIERDEN HERRAMIENTAS PÚBLICAS
El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha lamentado que con esta ley se «pierda la oportunidad» de contar con una banca pública que permita al Gobierno poner en marcha instrumentos para facilitar el crédito a las pymes y las familias, en un «paso más en la perversión» de las cajas de ahorros.
«Están socializando las pérdidas y privatizando las ganancias», ha criticado, reclamando asimismo que haya una «depuración de responsabilidades políticas» sobre lo ocurrido en las cajas de ahorros para que «situaciones como la de (el expresidente de Caja Madrid Miguel) Blesa no se vuelvan a repetir».
Teresa Jordà (ERC) ha criticado la «pasividad» del Banco de España en la prevención de la crisis financiera o la «connivencia» de las cajas con los gobiernos regionales, y ha rechazado una normativa que supone «una nueva legitimación de la gran estafa neoliberal y bancaria».
La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, ha rechazado una normativa que «deja las cajas de ahorros en la mínima expresión» y que confirma que «el Gobierno está empeñado en caminar hacia el oligopolio bancario». Además, ha rechazado las «prisas» del Ejecutivo por vender NCG Banco, sobre todo cuando se acabarán pagando mil millones pese a haberse inyectado 9.000 millones públicos en el saneamiento de esta entidad.
Rafael Larreina, de Amaiur, ha criticado que se «ponga fin» al sistema de cajas de ahorros, lo que «priva a la sociedad de un instrumento fundamental para dar respuesta a los problemas diarios de las familias y las pymes», a la par que se pone «en manos de la gran banca un mercado muy goloso».
SIN DEPURAR RESPONSABILIDADES
Álvaro Anchuelo, de UPyD, duda de que con esta ley se hayan «despolitizado lo suficiente» las cajas, que se haya planteado una regulación suficiente para las que surjan en el futuro o que se garantice un control de los «excesos» retributivos del pasado. Todo problemas que contribuyeron al estallido de la crisis financiera.
Asimismo, ha criticado la falta de «exigencia de responsabilidades» a quienes quebraron las cajas, la no resolución de la estafa de las preferentes y que tampoco se hable de la recuperación del dinero público del rescate bancario, cuando por ejemplo ya se han perdido 8.000 millones sólo de NCG Banco. «No hay sensibilidad para esto pero sí para otras cuestiones», ha lamentado.
CAMBIOS SATISFACTORIOS EN EL SENADO
Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha resaltado que no todas las cajas han caído en el mismo agujero, sino que algunas (incluida CaixaBank) han incluso contribuido a la reestructuración del sector, lo que justifica el empeño de los nacionalistas catalanes en «no penalizar» a los gestores de dichas entidades con el cambio del sistema.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ve «satisfactorio» el proyecto de ley, a pesar de que «deja en la cuneta definitivamente» a las cajas de ahorros, aunque ha esperado que el «encomiable compromiso con lo local y lo social» que siempre han mantenido estas entidades se vea prolongada con las fundaciones bancarias.
Finalmente, la diputada »popular» Irene Garrido ha recordado que este proyecto de ley no tiene como objeto las entidades nacionalizadas, sino a las cajas «que se comportaron bien» y a las que puedan surgir en el futuro. Asimismo, ha negado que se haga una «centralización» de ninguna competencia o que vaya a haber «injerencias» en la obra social, que a partir de ahora realizarán las fundaciones bancarias.
«Hoy, con la aprobación de este proyecto y de las enmiendas del Senado, que lo han enriquecido, seguimos completando un paquete de medidas que nos permiten tener un sector financiero más solvente y transparente, y que tras las reformas estructurales, ha contribuido a poder iniciar de nuevo la senda de la recuperación», ha añadido, recordando que sin un buen acceso a la financiación no se puede garantizar el Estado del Bienestar.