En respuesta a un nuevo informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) sobre las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por el denominado Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, un ministerio talibán de facto, Zaman Sultani, investigador regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:
“Este informe revela el papel que el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, de los talibanes, desempeña en las violaciones de una diversidad de derechos humanos y libertades fundamentales en Afganistán. El historial arbitrario, incoherente y ambiguo de este Ministerio en el control policial de la moral de la población de Afganistán, con un sistema institucionalizado de discriminación que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, ha provocado una erosión de los derechos humanos en el país.”
El informe publicado por la UNAMA en julio de 2024, titulado “De Facto Authorities’ Moral Oversight in Afghanistan: Impacts on Human Rights”, expone las consecuencias negativas que las actividades y las funciones cada vez más amplias del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio han tenido en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en diversos aspectos de la vida pública y privada para las personas que viven en Afganistán, con un impacto discriminatorio y desproporcionado en las mujeres. Esto, junto con la impredictibilidad de las medidas de cumplimiento de la ley, contribuye a un clima de temor e intimidación entre segmentos de la población.
Amnistía Internacional ha documentado que las draconianas restricciones impuestas por los talibanes a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, unidas al uso generalizado de la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos, pueden constituir el crimen de lesa humanidad de persecución por razón de género.
Amnistía Internacional también ha documentado que los talibanes han mostrado de forma constante que no están dispuestos a hacer que sus miembros sospechosos de ser responsables de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas de sus actos.