El Tribunal de Cuentas detectó 1,9 millones de bajas laborales sin control entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, según declaró su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, a finales de este mes de mayo.
Estos procesos de incapacidad temporal que no fueron objeto de comprobación supusieron al sistema un coste de, al menos 1.185 millones de euros.
El presidente del Tribunal también apuntó que en 2012 el número de procesos de incapacidad temporal que el Instituto Nacional de Seguridad Social «pretendía comprobar y controlar» disminuyó un 31,4 % respecto al ejercicio anterior.
Es por ello que el Tribunal de Cuentas ya recomendó entonces al Ministerio de Empleo impulsar la creación de una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades del sistema de la Seguridad Social «para lograr un control más eficiente de los procesos de incapacidad temporal».
Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no controló -ni informáticamente a través de sus Servicios Centrales ni manualmente por sus direcciones provinciales- casi 1,92 millones de incapacidades temporales, cifra que representa el 64% del total de procesos a su cargo y que eleva al menos a 1.185 millones de euros el importe de las prestaciones financiadas por la Seguridad Social, derivadas de estos procesos no controlados entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.
Este «grave defecto de control interno» se debió, según Álvarez de Miranda, a que «los servicios públicos de salud de varias comunidades autónomas incumplieron su obligación de remitir los partes médicos de confirmación» de dichas bajas, y a que la base de datos del INSS presentaba «limitaciones y carencias de información» sobre los procesos de incapacidad a cargo de las empresas.
Además, las bajas temporales controladas por los Servicios Centrales del INSS bajaron un 31,4% en 2012 con respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por la exclusión de los contratos laborales a tiempo parcial en los procesos de comprobación. Por su parte, los procesos comprobados mediante su envío a la Tesorería General de la Seguridad Social supusieron el 36% del total.
Tampoco el cruce informático de bases de datos fue eficiente, ya que 110.114 bajas temporales enviadas a la Tesorería tampoco pudieron ser validadas ni controladas, por lo que las deducciones que se aplicaron las empresas también quedaron fuera del control tanto del INSS como de la propia Tesorería.