El Tribunal de Cuentas ha visto indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat para la fianza de los altos cargos del ‘procés’ y ha solicitado un informe a la Abogacia del Estado. La institución ha manifestado «dudas sobre la suficiencia y legalidad» sobre esta operación.
Así, se trata de estudiar si «la misma administración autonómica perjudicada» puede asumir responsabilidades, haciendo referencia al hecho de que el ICF, Institut Català de Finances, sea el encargado de respaldar a los acusados haciéndose cargo del aval.
Por su parte, el Govern ha acusado al Tribunal de Cuentas de «seguir haciendo política» y «sigue defendiendo sin fisuras su legalidad». Además, han asegurado que seguirán intentando que se acepte el aval, pero que ya trabajan en algunas «alternativas».
«El Govern sigue defendiendo sin fisuras y sin dudas la legalidad de este aval, no hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar, porque el decreto es jurídicamente impecable, que el Tribunal de Cuentas deje de hacer política y atienda a criterios estrictamente jurídicos”, ha explicado Patricia Paja, portavoz del Govern.
Ahora, el Tribunal de Cuentas podría decidir rechazar el aval incluso aunque la Abogacía del Estado presentara un informe favorable, ya que en ningún caso será vinculante.
Hace unas semanas el Govern catalán anunciaba que sería finalmente el Institut Català de Finances (ICF) el que avalaría los encausados por el Tribunal de Cuentas para que el Govern pueda curbrilo. Así lo anunció el conseller de Economía, justo cuando acaba el plazo para depositar las fianzas, que suman 5,4 millones de euros.