La medida se establece ante el aumento de casos de robos a personas vulnerables, como jubilados que van mensualmente al banco a cobrar la pensión o a vendedores de lotería con discapacidades visuales, en cuyas situaciones los ladrones aprovechan las dificultades para defenderse de sus víctimas.
De ahí que la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, dictara el pasado jueves esta instrucción interna dirigida a los fiscales para perseguir estas formas de criminalidad.
Los fiscales deberán prestar atención al número de detenciones y también a la violencia del robo para pedir la prisión provisional.
La Fiscal Superior recuerda en esta instrucción que el Código Penal contempla una pena de prisión de uno a tres años para los hurtos cometidos aprovechándose «de las circunstancias personales de la víctima», y penas de dos a cinco años por robos agravados.