El exministro de Transporte ha dimitido presidente de la comisión de Interior, pero desafía a la petición del Partido Socialista y conservará su acta de diputado en el Congreso. La controversia tiene origen en la trama de corrupción en la que se ha visto implicado su asesor por compra de mascarillas durante la pandemia.
Este mismo lunes, el Partido Socialista ha pedido a Ábalos que abandone su acta de diputado por «responsabilidad política». “Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado ni su nombre figura en la investigación. No nos erigimos en jueces, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política”, ha señalado Esther Peña, la portavoz del partido, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, en un comunicado emitido por la formación.
«Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría», aseguraba también la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
Ábalos ha comparecido hoy mismo ante la prensa: «He escuchado todas las voces a mi alrededor, las de quienes me detestan por mi ideología o trayectoria política, las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad y las de que, obviamente, aún me quieren, que tengo la suerte de que son muchos y muchas -ha dicho-. Finalmente he decidido hacer caso a estas últimas porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian, que son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, que no me rinda y que defienda mi honorabilidad».
Según el sumario, Koldo García, habría ingresado en cuentas de amigos y familiares a lo largo de tres años más de 266.000 euros en efectivo para ocultar estos ingresos, entre los que se encuentran su tío o su hija menor. El exministro de Transportes aseguró encontrarse «estupefacto» y «muy decepcionado» al conocer la detención del que había sido su mano derecha.
La mordida, que responde al cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos por la compra de mascarillas durante la peor etapa del Covid-19, asciende a 53 millones de euros.