La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) implica a Artur Mas, expresident de la Generalitat, en la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según informó el domingo por la noche El Mundo. La Policía Judicial ha presentado un nuevo informe ante la Audiencia Nacional en el que se explica que «hay que atribuir nuevas responsabilidades» al expresident Mas, quien presuntamente habría mantenido el entramado instaurado por Jordi Pujol, que consistía en financiar a los proveedores de las campañas electorales del partido.
Mas compareció hace poco menos de un año en el Parlament para explicar la presunta financiación irregular de CDC, momento en que reconoció que ésta «no fue impoluta, pero sí legal». El expresident también mantiene confianza plena en Osácar, extesorero del partido, según dijo a inicios de este año 2018, para quien la fiscalía pide ocho años de cárcel por el caso Palau.
Nuevos datos
Jordi Pujol, que ocultó el patrimonio familiar en Andorra, consiguió una línea de crédito de 336 millones de pesetas a través de entidades financieras andorranas. La UDEF ha descubierto ahora la existencia de un nuevo aval bancario posterior, otorgado por el Banco Sabadell de Andorra a las mismas empresas proveedoras, ya en la etapa de Mas al frente del Palau de la Generalitat.
Según El Mundo, el informe apunta que los avalistas vuelven a situarse en el entorno de los Pujol. Entre ellos se encontraría el empresario Francesc Robert, exsocio de Pujol Jr y exdirector de la televisión andorrana. Es decir, que el entramado corrupto de la época de Pujol habría continuado con Mas como mínimo hasta febrero de 2006, según la UDEF.
«Gracias a la cumplimentación del requerimiento judicial» se sabe que una de las empresas de publicidad que trabajaron para CDC, Altraforma, se benefició de «una póliza de préstamo» suscrita ante notario el 19 de marzo de 2004 por importe de 400.000 euros, según trasladaron los investigadores a José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Pujol.
Un dinero que, supuestamente, supone el cobro de los trabajos encargados en las elecciones de cuatro años antes y que «había permanecido en estado durmiente desde junio de 2003 hasta que se registra el abono de la nueva liquidez». Una operativa que para los mismos se presentaba como «muy sospechosa, ajena a la práctica económica normal y muy similar a la que se observó durante la investigación del caso Palau».
«La sentencia judicial reconoce »el esquema operativo a la hora de disimular la transferencia de fondos con la utilización de talones al portador hechos efectivos en ventanilla y posterior entrega en efectivo al tesorero de la formación política» y que entre las mercantiles involucradas en este sistema estaban Altraforma e Hispart», entidades avaladas por los Pujol, subraya la UDEF.
Las cifras del saqueo del caso Palau
23 millones de euros. Esa es la cifra total del saqueo del Palau de la Música que destapó la trama de financiación ilegal de CDC. La Audiencia de Barcelona cifró así el desfalco urdido por Fèlix Millet y Jordi Montull, entre los años 2000-2009.
Millet y Montull fueron los mayores beneficiados. Los responsables de la institución destinaron el dinero a fines particulares: obras en sus domicilios, viajes privados alrededor del mundo, las bodas de sus hijas, compra de obras de arte… El dinero también fue destinado al pago de comisiones a CDC a través de pagos de facturas por servicios no prestados.
El entramado que ambos crearon junto a Ferrovial y CDC también les reportó cuantiosos ingresos. La sentencia del caso Palau, tras más de ocho años de instrucción, confirmó que Convergència cobraba comisiones del 4% a cambio de adjudicaciones de obra pública para financiarse.
La sala décima de la Audiencia de Barcelona subrayó que desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC y, canalizadas a través del Palau, ascienden a 6,6 millones de euros.
3,5 millones por mediar entre CDC y Ferrovial
Millet y Montull se embolsaron 2.8 millones de euros y 700.000 euros respectivamente, por sus labores de mediación entre CDC y Ferrovial. La comisión que Ferrovial y CDC pactaron para la obtención de obra pública era del 4% del importe total de las adjudicaciones obtenidas. El reparto se hacía de la siguiente forma: el 2,5% iba al partido y el 1,5% para Millet y Montull, de los cuales el 80% era para el primero y el 20% para el segundo.
El trasvase del dinero de Ferrovial hacia Convergència a través del Palau de la Música se hacía mediante contratos de patrocinio que la constructora firmada con la institución cultural. Posteriormente, las cantidades eran entregadas al partido mediante extracciones bancarias en ventanilla, a través de convenios de colaboración sellados entre el Palau con la fundación Trias Fargas, así como por facturas directamente emitidas al Palau por trabajos prestados a CDC o por servicios inexistentes. De todos los fondos que se movieron, hay 6 millones de euros cuyo destino se desconoce.