Expansión: Así es la reforma que plantea el Gobierno para mejorar el cálculo de su pensión
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha planteado que el trabajador que lo desee pueda esgrimir que la pensión se calcule con la cotización de toda su vida laboral. Báñez abre así la puerta a una de las grandes reformas que tiene pendientes la Seguridad Social para garantizar el sistema de pensiones.
La ministra ha introducido el matiz de que el trabajador pueda hacerlo de forma voluntaria, lo que evita una reacción conflictiva de los sindicatos y de la izquierda parlamentaria. Ya muchos países de la Unión Europea obligan a cotizar toda la vida laboral -entre 35 y 40 años- para calcular la cuantía de la pensión
ElEconomista: El PNV se muestra dispuesto a aprobar los Presupuestos por temor al ascenso de Ciudadanos
Algo se está moviendo en el nacionalismo vasco. El PNV estaría dispuesto ahora a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, justo cuando las últimas encuestas dan un ascenso imparable a Ciudadanos.
Frenados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el PNV estaría estudiando levantar el veto que mantiene a Mariano Rajoy desde septiembre, sobre todo ante el hipotético escenario de que la formación naranja gane unas elecciones generales y decida recalcular el Cupo vasco, como viene exigiendo Albert Rivera hasta la fecha.
Cinco Días: España dejará de indemnizar por el recorte a las renovables tras el apoyo de Bruselas
En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy notificó como ayuda de Estado a la Comisión Europea el régimen de incentivos alas energías renovables aprobado en 2013 en el marco de su reforma eléctrica.
Y lo hizo, entre otros motivos, para blindarse frente a la avalancha de reclamaciones de los inversores internacionales que se consideraban perjudicados por el recorte que les supuso dicha reforma (unos 3.000 millones de euros).
Tal y como esperaba el Ejecutivo, el organismo comunitario publicó un dictamen a finales de diciembre por el que autoriza dicho régimen y rechaza de manera tajante las quejas de los inversores sobre un supuesto trato discriminatorio e injusto.
El Gobierno español se enfrenta en estos momentos a una treintena de arbitrajes de inversores extranjeros de sociedades de renovables, que reclaman casi 7.600 millones de euros por el perjuicio que le han ocasionado los recortes.