Ante esta previsión, el ministro ha propuesto trazar una estrategia de trabajo que sirva para planificar y anticiparse, «sin que se mermen las garantías de protección a los consumidores y usuarios», según informan en un comunicado.
Con ello, se pretende que las medidas urgentes del Real Decreto-ley 11/2020 sean efectivas en el ámbito social y económico para la protección de los derechos de consumidores y usuarios. El Consejo de Ministros aprobó este paquete legislativo el 31 de marzo con el objetivo de paliar las consecuencias de la declaración del estado de alarma. «El conjunto de medidas establece los plazos y condiciones para la búsqueda de acuerdos entre proveedores y clientes con el fin de proteger a los consumidores y, a la vez, evitar perjuicios económicos para las empresas», detallan.
«La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos requiere de las mejores respuestas y compromisos en todos los ámbitos para proteger a la población de nuestro país ante el virus, a la vez que se minimiza el impacto social y económico sobre las familias y las empresas», defiende Garzón en el escrito remitido a las Comunidades Autónomas esta semana. «Poco a poco, con una ejemplaridad impecable y un compromiso firme por parte de millones de españoles y españolas, van mejorando los resultados en esta lucha», concluye la misiva.