En España cada año se diagnostican en España 104.071 casos de daño cerebral adquirido que necesitan algún tipo de rehabilitación tras recibir el alta hospitalaria; sin embargo, España solo cuenta con 733 plazas públicas para este fin a las que se suman 1.265 concertadas y 2.261 privadas.
Son datos que ha ofrecido hoy la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido (Fedace) en una rueda de prensa en la que ha puesto de manifiesto que los recursos para rehabilitar a las personas que sufren este «drama» son «claramente insuficientes» y desiguales entre comunidades autónomas.
El daño cerebral adquirido es la consecuencia de una lesión súbita en el cerebro que produce distintas secuelas de carácter físico, psíquico y sensorial y que desarrollan anomalías en la percepción, alteraciones cognitivas y también en el plano emocional con lo que genera dificultades para la autonomía del afectado.
La causa más común de este daño, que afecta a un total de 420.000 personas en España, según ha explicado el director de Fedace, Valeriano García, es el ictus (el 78 %) y el resto (el 22 %) se debe a traumatismos craneoencefálicos, como accidentes de tráfico, y otras causas como los tumores cerebrales o las infecciones.
El 35 % de ellos es menor de 65 años, el 52 % es mujer mientras que el 48 % de las personas que lo padece es hombre.
Estas personas una vez que han recibido el alta hospitalaria se tienen que enfrentar a la rehabilitación para conseguir mejorar su calidad de vida, el problema, ha destacado el director de Fedace es no saben qué hacer, ni dónde acudir, a lo que se une la falta de plazas públicas.
La rehabilitación no solo debe comprender la fisioterapia, sino también medidas de tipo cognitivo, para mejorar la memoria y la atención, así como para trabajar la comunicación.
En España hay un total de 4.259 plazas de atención al daño cerebral adquirido para los más de 104.000 nuevos afectados que se contabilizan cada año, 733 son públicas y 1.265, concertadas, lo que quiere decir que la gran mayoría no recibe atención al no ser que se lo pague de su bolsillo, y 2.261 son plazas privadas.
Hay personas que al recibir el alta en el hospital solo necesitan rehabilitación ambulatoria, y hay otros muchos que requieren ingresos en centros especializados y cuando las secuelas son estables se necesitan otros recursos como los centros especiales de empleo.
Esta «escasez» de recursos y la falta de información que reciben las familias provoca que las personas con este daño no reciban la atención que necesitan. «Los familiares no son terapeutas», aclara García.
La desigualdad de recursos entre las comunidades autónomas también es un hecho, según Fedace. Así, mientras que la Comunidad de Madrid la Valenciana cuentan con algo más de 1.000, otras como Canarias o La Rioja no disponen de ninguna para atender de forma especializada a estas personas.
Con motivo de la conmemoración mañana del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, el presidente de Fedace, Luciano Fernández, ha leído un manifiesto en el que ha reivindicado el derecho de estas personas a vivir con dignidad.
«Las barreras para desenvolverse de forma independiente, el aislamiento social y la carga familiar son realidades que comienzan a vivirse con el alta hospitalaria», destaca el texto, que reclama a las administraciones respuestas coordinadas y adecuadas a las necesidades de los afectados en los ámbitos sanitario y social.
Los pacientes consideran «imprescindible» establecer un diagnóstico de daño cerebral adquirido al alta hospitalaria para prescribir y garantizar la rehabilitación funcional, al tiempo que urgen a que se dimensionen los recursos necesarios para la atención y se regule su estructura y funcionamiento.
«Es necesario evitar la exclusión y aislamiento de las familias», sostienen en el manifiesto, que reclama también «la complicidad» de la sociedad.
Durante un acto, Gerardo Gallego, un afectado con daño cerebral tras sufrir una hemorragia cerebral hace siete años ha contado cómo ha cambiado su vida desde entonces y ha destacado el «importantísimo papel» que juega el entorno de los afectados en la recuperación.