La reforma para la liberalización del sector de los estibadores está en peligro. El Gobierno aprobó el pasado viernes el Real Decreto que daba un año a los estibadores para disolver el control de las contrataciones. El texto tendrá que pasar por el Congreso en unos meses para ser refrendado, pero parece que los grupos de la oposición no se lo van a poner fácil a Iñigo de la Serna, el nuevo Ministro de Fomento.
El portavoz de la Gestor socialista, Mario Jimenez, ha afirmado que el PSOE no apoyará el decreto «en esos términos». Según los socialistas, lo «lógico» habría sido llegar primero a un acuerdo con los trabajadores y las empresas y regularlo después. El Consejo de Ministros aprobó el texto unilateralmente argumentando que «lo pedía Europa», aunque se mantiene en la mesa de negociación con los sindicatos con los que se volverán a reunir este martes.
Huelga contra el decreto
Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para tres semanas de marzo en días alternos. Unos paros que, según el Gobierno, podrían provocar un perjuicio de 50 millones diarios a la economía española. El texto para la liberalización del sector contempla un periodo de un año para que se hagan las reformas necesarias y se sigan decidiendo algunas de las cuestiones que están sobre la mesa: la subrogación de los actuales trabajadores, los requisitos de formación de los trabajadores o la organización del trabajo.
Estos son justamente los «términos» que no le cuadran al PSOE. La directiva europea habla de «entrada y salida de esa actividad» pero hay que exigir que se mantengan «las condiciones de los trabajadores que están hoy» y el Gobierno está «despreciando esta cuestión», ha dicho Jimenez.
Sin embargo, el Ministro De la Serna asegura que Europa pide que se disuelvan las sociedades que controlan la contratación y eso es una línea roja. «No se entendería que los grupos parlamentarias no facilitaran la aprobación de la ley para cumplir con una sentencia de la UE», indicó el ministro.
Bajadas de sueldo con la liberalización
Lo que el documento contempla es que las sociedades de gestión de estibadores portuarios (las Sagep) deberán desaparecer en tres años ineludiblemente. Estas entidades monopolizan el sector y controlan los salarios de los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos españoles. Los sindicatos propusieron crear un “registro” en el que fuese necesario apuntarse para trabajar en la estiba.
Esta liberalización aumentaría la oferta de estibadores y haría bajar alrededor de un 50% los sueldos actuales. De media un estibador cobra por cargar y descargar los barcos de mercancías alrededor de 70.000 euros al año. Un médico en España cobra alrededor de 55.000 euros anuales, mientras que el salario medio del país es de 24.000 euros.
Mantener a los estibadores actuales
En la última reunión entre los estibadores y la patronal, que tuvo lugar el pasado miércoles, la patronal Anesco transmitió a los sindicatos sus «serias dudas» sobre el número de trabajadores que podrán subrogar las empresas y pidió tiempo para poder hacer un análisis puerto por puerto.
Los estibadores consideran «esencial» un compromiso de subrogación de los trabajadores que actualmente vienen desarrollando esta actividad con contrato indefinido, y esperan que, en el próximo encuentro, la patronal podrá cuantificar el número de estibadores a los que se podrá garantizar el empleo.
Las organizaciones sindicales están convencidas de que podrán llegar a un acuerdo con la patronal, y confían en que sea posible introducir modificaciones al texto del real decreto-ley durante su tramitación parlamentaria vía enmiendas.
Sin embargo, desde el Ministerio de Fomento aclaran que, si se introdujeran enmiendas, el decreto se encontraría con la negativa por parte de la Comisión Europea (CE), con lo que no sólo no se evitaría la multa de 134.000 euros diarios sino que además no se detendría el proceso.