Comienza la cuenta atrás. El Gobierno quiere acelerar la presentación de la reforma fiscal y espera que en los próximos días el ‘consejo de sabios’ que lo asesora presente su informe. Si todo sigue su curso, en marzo conoceremos cómo se ha elaborado esa reforma que nos afectará de cara a la tributación en 2015. Según los expertos debería pasar por:
- Poner orden y simplificar el sistema. “Debería tener como objetivos la simplificación, continuidad, integración y homogeneización de los impuestos. La simplificación de las normas fiscales no sólo permitiría una más fácil comprensión por parte del contribuyente, sino que comportaría una reducción de la litigiosidad con la Administración tributaria, que llega a niveles insostenibles”, asegura Joan Pons, secretario de EFPA España (European Financial Planning Association).
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) también proponen simplificar el impuesto de Sociedades. Y es que la base imponible del impuesto parte de los beneficios, el resultado contable, pero existen 66 conceptos susceptibles de generar ajustes.
“Limpiar, ordenar, vertebrar la recaudación autonómica y local. No se trata únicamente de tipos impositivos, también de constelación normativa y reforma de la administración”, recuerda el presidente del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales, Valentí Pich. “Deberían reducirse al máximo las deducciones y otros incentivos fiscales cuya aplicación genera en la práctica muchas dudas interpretativas, y como contrapartida reducir los tipos impositivos”, propone Pons.
- Garantizar su vigencia. Uno de los objetivos de poner ‘orden’ sería establecer una garantía que la legislación tendrá una vigencia mínima. “Debería existir un compromiso de que las normas fiscales tuvieran una vigencia mínima, a efectos de evitar el caos legislativo que se está produciendo en los últimos tiempos”, afirma el responsable de EFPA España. Mismo diagnóstico desde FENAC, Jaime Zaplana, Colaborador del departamento fiscal de GB Consultores y miembro de AECTA, recuerda además, con respecto a las especulaciones sobre la subida del IVA, que en los últimos seis años se habrían subido siete puntos ese impuesto, si finalmente se pone en el 23%.
- Integración de IRPF e impuestos directos. “Debería ir encaminada a la integración de los impuestos directos que afectan a las personas físicas (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) para evitar dobles tributaciones de rentas y activos”, afirma Pons.
«Bajar los impuestos directos y compensar esa pérdida recaudatoria con la supresión de desgravaciones y la subida de los indirectos, IVA y Especiales. Todo está dentro del consenso general», recuerda en referencia a las filtraciones sobre el informe de los expertos, Jesús Gascón, ex director general de Tributos y autor de »Diagnóstico y propuestas para una Reforma Fiscal». Es decir una política en la línea con lo propuesto desde la Comisión Europea desde hace años: bajar el IRPF y subir los impuestos al consumo .
- Rebaja del IRPF y beneficios para las familias. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), apuesta por “incrementar la cuantía del mínimo personal y familiar en atención a compensar las cargas familiares efectivas, puesto que se considera que las cantidades fijadas actualmente no cumple este objetivo”, aseguran en una propuesta. Los asesores fiscales también proponen rebajar el nivel máximo de IRPF, del 45% frente al 52% actual y además reducir sus escalones: reducirlos a cuatro en vez de los siete actuales.
- Reducción del Impuesto de Sociedades. En Aedaf estiman que dado el contexto de competencia fiscal entre países, hay que rebajar el tipo impositivo, que se encuentra en un margen entre el 30% y el 25%. Para los asesores fiscales el descenso debería llegar hasta el 20%-15%.
Una demanda similar a la de la CEOE que además cree el tipo impositivo no debería depender del tamaño de la empresa, para situarlo en el entorno del 20%-25%.
- Homogeneización de los impuestos estatales. “Se debería tender a la homogeneización de los impuestos estatales cedidos a las Comunidades Autónomas a efectos de evitar la discriminación existente en la actualidad en función de la residencia de los contribuyentes”, subraya Pons. Algo también en la línea de lo reivindicado por la CEOE. La patronal ha detectado hasta 25 “figuras fiscales autonómicas que provocan distorsiones económicas graves”.