La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) pide seguir la política de EEUU en materia de paraísos fiscales y bienes en el extranjero, para obligar a los bancos con depósitos de españoles a informar a la Agencia Tributaria y retener el 30% de estos fondos.
Los expertos se quejan de que el sistema fiscal español es injusto. Antoni Durán-Sindreu, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y presidente del colectivo de asesores fiscales AEDAF, recuerda que las pymes asumen más carga fiscal que las grandes empresas y pide que se restrinjan al máximo deducciones y bonificaciones a los grupos empresariales.
Estas propuestas se han presentado en un foro sobre fraude fiscal que ha acogido la Universidad de Comillas-ICADE. Los inspectores han puesto de relieve las lagunas del sistema tributario y han planteado, entre otras cuestiones, que se les deje actuar de incógnito para obtener información sin necesidad de identificarse.
Este procedimiento, según ha explicado el inspector de Hacienda José María Peláez, sería “un medio eficaz” para luchar contra algunas conductas infractoras, como el ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude o la prestación de servicios sin IVA. El delito de ofrecimiento de productos para el fraude está vigente en países como Alemania y Francia, que han juzgado casos penales contra bancos suizos.
Otra propuesta es el intercambio directo de información de bancos y entidades financieras entre los países de la OCDE. Relacionado con esta iniciativa, los inspectores plantean que la Agencia Tributaria disponga de fondos para pagar informaciones confidenciales que pongan al descubierto grandes sumas sin declararse o cuotas defraudadas, o el pago de confidentes de supuestos delitos fiscales, algo similar a lo que pasa en operaciones contra el contrabando. Esta medida se ha aplicado en EEUU y Alemania.
También, los inspectores plantean que no se reconozcan a las sociedades constituidas en paraísos fiscales, o las operaciones realizadas por residentes en esos territorios.
De la misma forma, reclaman que se implante la tasa sobre las transacciones financieras internacionales; que sea obligatorio identificar a los clientes de filiales y sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales, y que se graven a las multinacionales que localizan sus operaciones en el extranjero por rédito fiscal.
En el ámbito internacional, los inspectores han insistido en que debe ponerse fin al secreto bancario y que acuerde exigir a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe financiero por cada país en el que operan sus filiales.